Amnistía Internacional acaba de publicar un duro informe sobre la crisis de la vivienda en nuestro país y sus consecuencias, además de juzgar de forma muy negativa el papel que ha desarrollado nuestro Gobierno. Amnistía asegura que a diez años de comenzar la crisis económica, la crisis en la vivienda para millones de españoles continúa aquí, con desahucios diarios y miles de personas ocupando viviendas de forma ilegal porque la legalidad imperante no les permite tener un techo digno, ni para comprar ni para alquilar.
La organización internacional acusa a nuestras autoridades de haber dado pasos atrás en los derechos de las personas, protegiendo a los bancos y a las instituciones financieras en lugar de defender a los cientos de miles o millones de personas afectadas por la situación. Y en esta situación amarga y desesperada de carecer de una vivienda digna, coloca en primer lugar a las mujeres de hogares monomarentales y víctimas de violencia de género.
Es su informe «La crisis de la vivienda no ha terminado» el que señala que España, tan sólo tiene un 2% de viviendas sociales, frente a un 32% de Países Bajos, un 20% de Austria, un 18% del Reino Unido o un 17% de Francia. Además es el país de la UE donde el gasto personal para adquirir o alquilar una vivienda se ha incrementado más en la UE, al pasar de un 17,4% en 2005 a un 23% en 2015 y sigue subiendo. Todo ello mientras que el gasto social que dedica nuestro gobierno a vivienda es de los más bajos de la UE, con un 0,5% frente a un 1,44% de Francia o un 0,61% de Eslovaquia). Resalta además que no se hace nada por revertir esta situación ya que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 reduce la partida dedicada a acceso a la vivienda y fomento de la edificación a 466 millones, un 20,6% menos en comparación con 2016.
El problema, asegura Eva Suárez, directora adjunta de Amnistía Internacional, es que en España se considera la vivienda como un bien de inversión y «no como un derecho de primera necesidad» y en éste sentido recalca que ni siquiera es un derecho protegido con las máximas garantías en la Constitución española.
Y como si de un hecho vergonzoso y vergonzante se tratara, que lo es para nuestro Gobierno, se intentan esconder los terribles datos que rodean a la crisis de la vivienda en España. Por eso no se conoce la verdadera situación y es que no se diferencia ni las viviendas de los locales o las segundas residencias de las primeras. Por lo mismo se desconoce cuántos suicidios han causado los desahucios, cuantos discapacitados o niños han ido a la calle, cuántos ancianos. Cuantos menos conozcamos los casos y sus caras parece que se puede sobrellevar mejor.
Amnistía Internacional indica en su informe que esos «pasos hacia atrás» que ha dado el Gobierno, en cuanto a la protección de los derechos humanos frente a los intereses de la banca, son los de liberalizar y flexibilizar los contratos de alquiler y el proceso de desalojo, como consecuencia de varias reformas en la Ley de Arrendamientos Urbanos y en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En la Ley de Enjuiciamiento Civil, por ejemplo, no existe una obligación para que los jueces analicen la proporcionalidad de un desahucio y estudien uno a uno las circunstancias personales de cada caso, ni tiene en cuenta las desigualdades de género, algo que provoca una mayor discriminación hacia las mujeres porque son quienes constituyen una parte muy alta de quienes realizan trabajos a tiempo parcial, están en el lado bajo de los salarios y a menudo asumen el cuidado de otras personas en el hogar.
Un ejemplo es el hecho de que el índice medio de exposición a la pobreza en España, del que ya hemos hablado en éste blog hace unos días y que sigue a mucha distancia de nuestro entorno europeo, es de un 22,1%, pero asciende hasta un 37,5% en las familias monoparentales, el 83% de las cuales están encabezadas por mujeres.
De acuerdo al informe presentado por AI, las provincias de Barcelona y Madrid acumulan un 34% del total de desahucios por alquiler en 2016, con 6.710 y 4.760 desalojos por impago, respectivamente. La situación es especialmente preocupante en Madrid para las personas afectadas por la venta de unas 4.800 viviendas sociales y otras propiedades a fondos de inversión, fondos buitre de la peor especie, – que tuvo lugar entre 2011 y 2013 por parte de la Comunidad de Madrid (Ignacio Gonzalez) y el ayuntamiento de la capital (Ana Botella). Venta que está en los juzgados aunque tardará en salir.
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