El Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau como alcaldesa, ha impuesto 12 multas a entidades financieras por tener pisos vacíos en la ciudad. Las sanciones son todas de 5.000 euros y se producen después de que un plan del anterior gobierno municipal inspeccionara cuatro de los barrios donde más desahucios se han producido en los últimos años Entre ellos Ciutat Meridiana Besòs, que son los que más pisos vacíos acumulan. De los 12 pisos por los que se ha sancionado a las entidades bancarias, siete son de la Sareb, cuatro del BBVA y uno del Banc de Sabadell. Pero no van a ser los únicos ya que el procedimiento sancionador, según asegura el ayuntamiento de Barcelona, está en marcha en otros 62 pisos.

Las inspecciones realizadas por el ayuntamiento han permitido comprobar que se trata de pisos que llevan dos años vacíos y que, pese a los avisos del Ayuntamiento, las entidades no han alquilado. Ada Colau ha defendido la actuación del ayuntamiento de Barcelona afirmando que la intención final no es la mera sanción, sino que sean multas coercitivas, e incentivar con ello la movililización del parque inmobiliario.

Colau ha añadido que tiene la obligación, como cualquier otro responsable público, de utilizar todos los recursos posibles para hacer frente a la emergencia habitacional que se está produciendo en Cataluña. En este sentido, el Ayuntamiento ha incidido en que los bancos deberán pagar estas primeras sanciones aunque encuentren un inquilino para sus pisos a partir de ahora.

Desde que fue investida en junio, la alcaldesa Colau repite una y otra vez que la prioridad de su gobierno es la vivienda y ya está actuando al efecto. Actuación que su antecesor en el cargo, Xavier Trías, no se atrevió realizar.

La posibilidad de sancionar a las entidades por tener pisos vacíos, que está ejerciendo Ada Colau, está prevista en la Ley del Derecho a la Vivienda del Tripartito de 2007. Para aplicarlo en Barcelona, el Ayuntamiento en 2014 aprobó una moción impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que instaba a multar a los bancos e inmobiliarias que mantuvieran viviendas sin ocupar durante más dos años, pero hasta ahora no lo había llevado a cabo.