Recientemente, los magistrados de las secciones penales de la Audiencia de Barcelona han acordado que los propietarios de viviendas ocupadas ilegalmente no incurrirán en un delito de coacciones si deciden cortar o no abonar los suministros de electricidad, gas o agua. Este acuerdo, firmado por cerca de 60 jueces, busca unificar criterios en la provincia respecto a cómo abordar las ocupaciones ilegales de inmuebles.​

Nuevas directrices en los delitos de allanamiento y usurpación

Además de la cuestión de los suministros, los jueces de la Audiencia de Barcelona han establecido que las denuncias por delitos leves de usurpación no podrán archivarse sin que previamente se haya ordenado a las fuerzas policiales la identificación de los ocupantes de la finca. Esta medida pretende garantizar una mayor eficacia en la tramitación de estos casos y evitar que queden impunes por falta de identificación de los responsables. ​

El desalojo policial sin permiso judicial sigue sin definirse

A diferencia de la Audiencia de Girona, que en noviembre de 2024 avaló el desalojo policial exprés sin autorización judicial durante las primeras 24 horas tras la ocupación al considerar el delito como flagrante, los jueces de Barcelona han evitado pronunciarse sobre este asunto. Durante su reunión, no abordaron la posibilidad de permitir desalojos inmediatos por parte de la policía sin una orden judicial previa, dejando este tema pendiente de futuras deliberaciones. ​

Implicaciones para propietarios y ocupantes

La decisión de la Audiencia de Barcelona representa un cambio significativo en la forma en que se gestionan las ocupaciones ilegales en la provincia. Al permitir que los propietarios corten los suministros sin incurrir en delitos de coacciones, se les otorga una herramienta adicional para recuperar sus propiedades. Sin embargo, la falta de una directriz clara sobre los desalojos exprés sin autorización judicial mantiene cierta incertidumbre en la actuación policial en casos de ocupaciones recientes.​

Es fundamental que tanto propietarios como ocupantes estén informados sobre estas nuevas directrices para comprender sus derechos y obligaciones en situaciones de ocupación ilegal. La unificación de criterios por parte de la Audiencia de Barcelona busca equilibrar la protección de la propiedad privada con el respeto a los derechos fundamentales de todas las partes involucradas.