En los Parlamentos que salieron de las urnas el pasado 24 de mayo se puede ir comprobando el camino que toman los diferentes partidos políticos cuando se libran de la mayoría absoluta del PP, y con ello su preocupación por los problemas de los ciudadanos. Así, el pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado, con la penosa abstención del PP que se debe a Madrid y sus compromisos empresariales, y el apoyo del resto de grupos, una Proposición No de Ley (PNL) de Podemos a la que se ha añadido una enmienda de Compromís. En concreto, un Plan de choque contra la pobreza energética. En el mismo se pide al Consell que adopte todas las medidas a su alcance, incluidas las legislativas, para impedir que durante el invierno las eléctricas puedan cortar la luz y el gas a las familias en riesgo de vulnerabilidad. Para ello estas grandes empresas deberán contar con un informe de los servicios sociales que certifique si la situación económica de la familia permite o no costear este gasto. Una medida social, donde las haya, a la que el PP se opone por orden de Madrid y sus vergonzosos compromisos con las eléctricas.

La Proposición No de Ley insta también a reclamar al Gobierno central una modificación del bono social eléctrico, que se aplique a todos los hogares en situación de pobreza energética con independencia de la potencia contratada o el número de miembros de la familia, tomando la renta como criterio principal. Aparece en ésta modificación el problema de las calefacciones eléctricas, cuya existencia hace subir la potencia necesaria por encima de la que estipula en estos momentos el bono social. Además, contempla que los costes derivados de la aplicación de ésta PNL, corran a cargo de las propias compañías eléctricas. Y la suma de esta factura tiene como techo las cantidades calculadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de la liquidación de la sobrecompensación que recibieron estas compañías eléctricas, por los costes de transición a la competencia.

Antonio Montiel, portavoz de Podemos, ha defendido esta propuesta al considerar que el sistema actual de este bono social es «erróneo e insuficiente» porque toma como criterio principal el tener una potencia contratada inferior a 3kw, lo que provoca que la mayor parte de las ayudas vayan a parar a viviendas de verano que no necesitan una gran potencia eléctrica. Además, ha añadido en su planteamiento que si las eléctricas han recibido 3.587 millones presuntamente de más, por esa compensación recibida por los costes de transición a la competencia más allá de 2007, esta cifra debe destinarse a sufragar este bono, en colaboración con las comunidades, si así finalmente lo declara la Unión Europea.

Maria Josep Ortega, de Compromís, ha destacado que para muchas familias la situación se agrava al tener que calentar sus casas, con una factura eléctrica que ha aumentado de forma incontrolada en los últimos años. Y como consecuencia muchas familias tienen que elegir entre comer o pagar la luz que la pueden cortar incluso en lo más crudo del invierno.

Por su parte el Partido Popular, que se ha quedado solo en su postura, ha presentado una enmienda, que no ha sido aceptada, en la que propone más de lo mismo con su bono social y realizar campañas para que las personas que lo necesiten se adhieran. Además, ha ridiculizado la PNL de Podemos por «absurda». Dice el PP valenciano, con palabras del diputado Vicente Casanova, que aunque no defiende a las eléctricas, si finalmente Bruselas resuelve que estas empresas devuelvan la sobrecompensación recibida, pagarán «a quien tengan que pagar, a la gente que ha pagado de más». Esta es la perspectiva social del Partido Popular.