El gobierno del PP ha comunicado por carta a la Generalitat que considera discutible la constitucionalidad de algunos de los artículos de la Ley 24/2015 de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Por este motivo, el PP ha pedido una comisión bilateral Estado-Generalitat en la que tratar esta situación. El plazo oficial para presentar un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional finaliza el próximo 6 de noviembre. Si se acuerda la creación de la comisión bilateral, el plazo se ampliará automáticamente hasta el 5 de mayo de 2016.

El mismo gobierno de la Generalitat lo ha confirmado al grupo promotor de la Ley 24/2015, que es el resultado de la aprobación el pasado mes de julio de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Medidas urgentes para hacer frente a la Emergencia Habitacional y la Pobreza Energética. La ley ha sido impulsada por la PAH, la APE y el Observatorio DESC.

Además el Tribunal Constitucional acaba de ha admitir a trámite el recurso del gobierno del PP contra la última modificación del Código de Consumo que preveía, entre otras cosas, mecanismos de protección de las personas consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios y medidas contra la pobreza energética. Esto significa que, ahora mismo, la única ley en vigor que plantea medidas de protección y garantía de acceso a los suministros básicos es la Ley 24/2015.

Desde el grupo promotor se está plenamente seguro de la constitucionalidad de la Ley 24/2015 y de la necesidad de su vigencia para detener la emergencia habitacional. La norma fue avalada por los juristas del Parlament y aprobada por casi unanimidad (solo con las abstenciones del PP y Ciudadanos en algunos artículos). Los promotores están convencidos de la necesidad de una ley que se reclamaba desde hace más de 6 años y que aporta herramientas imprescindibles para detener la emergencia habitacional,. Esta situación, como acaba de asegurar la Eurocámara, es uno de los problemas que más afecta a la mayoría de la población y que ha generado una alarma social muy importante. Hecho que explica el apoyo mayoritario de la población y de todos los sectores profesionales implicados en esta ley.

En el escrito que el gobierno del PP ha dirigido a la Generalitat, se habla de posible inconstitucionalidad de prácticamente todos los artículos, a excepción de algunos pocos. Así pues, se cuestionan las medidas contra el sobreendeudamiento, el alquiler social obligatorio para detener los desahucios de grandes tenedores, las medidas contra los cortes de suministros, la garantía de acceso a los servicios básicos y la cesión de vivienda vacía para aumentar el parque de alquiler social. Para el PP tan solo habría que salvar las ayudas y las garantías públicas para detener los desahucios de pequeños tenedores. Es decir el Partido Popular sigue con su defensa a ultranza de los bancos y las compañías eléctricas en contra de los derechos esenciales de la mayoría.

Esto significa que el gobierno de Mariano Rajoy cuestiona prácticamente la totalidad de las herramientas que la ley 24/2015 ha puesto sobre la mesa para obligar a los bancos y a las empresas suministradoras a asumir sus responsabilidades ante los efectos más dramáticos de la crisis. Muchas de estas medidas las avaló el mismo PP catalán en la votación de la ley el pasado mes de julio.

En opinión de los grupos promotores de la Ley, la carta que ha escrito el gobierno del PP, la han dictado y redactado en realidad la banca y las empresas suministradoras. Y dice que tiene pruebas para demostrarlo, ya que en los últimos días han recibido varias filtraciones de entidades financieras de que el gobierno del PP daría este paso.

La Ley 24/2015 plantea medidas reales y efectivas para acabar con los desahucios y los cortes de suministro y plantea obligaciones para sus responsables. Muchas otras comunidades autónomas se están inspirando en la iniciativa catalana para sacar adelante leyes similares que garanticen los derechos más básicos de la población, ya sea a través de iniciativas legislativas populares o por iniciativa de los propios gobiernos autonómicos. Como por ejemplo Murcia, Baleares, Valencia, Andalucía o Madrid, entre otros.

Para la PAH, defender el derecho a la vivienda digna significa aplicar y consolidar esta nueva Ley como algo irreversible e imprescindible. Por este motivo asegura que va a continuar trabajando y exigiendo su aplicación, instando a los ayuntamientos y a la Generalitat para que continúen desplegando los recursos que hagan falta para su aplicación efectiva.

Los grupos promotores de la Ley advierten al PP que saben que no es la primera vez que intentan cargarse una ILP, como pasó en el Congreso con la mayoría del Partido Popular, o cualquier intento de modificar las leyes criminales que permiten a bancos y suministradoras seguir haciendo negocio, a costa del sufrimiento de la mayoría de la población.

Ha quedado claro para la PAH, el Oservatorio DESC y la APE que el PP, la banca y las empresas suministradoras intentan una vez más no asumir sus responsabilidades en la protección de los derechos más esenciales de las personas. Y advierten al Partido Popular que van a tomar medidas al respecto.