La defensa a ultranza que el Gobierno de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid ha hecho de la venta de su vivienda social al fondo buitre  Goldman Sachs -Azora ha llegado a su fin. El PP y Ciudadanos no han podido convencer al Tribunal Supremo de la legalidad de la venta y su recurso ha sido rechazado.

La derecha de la Comunidad de Madrid lo intentó de nuevo el pasado 12 de diciembre, recurriendo en casación la sentencia que anulaba la venta de 2.935 viviendas públicas de la Comunidad de Madrid a Goldman Sachs y Azora. Ahora el Tribunal Supremo ha rechazado estos recursos de casación interpuestos por la Comunidad de Madrid y por Azora contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que anulaba la venta .

El litigio lo origina uno de los inquilinos de estas viviendas, que interpuso un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 29 de Madrid. Este Juzgado fallo el 21 de mayo de 2018  en favor de este ciudadano, dejando sin efecto la trasmisión del contrato de arrendamiento del demandante y abriendo la puerta a la anulación de la venta a los buitres de las 3.000 viviendas.

El recurso que interpusieron tanto Azora como la Comunidad de Madrid,  llegaba al colmo de la canallada y se basaba en el carácter no necesario de estas viviendas y en su necesidad de hacer caja, solicitando, además, que el fallo no fuera extrapolable al conjunto de las viviendas.

Ahora el  Supremo confirma  la anulación de la venta realizada por Gobierno de Ignacio González, imputado por Púnica y Lezo, de miles de viviendas a fondos buitre a un precio por debajo del mercado. Y poso si fuera poco reprende a la Comunidad de madrid por su defensa a los intereses de «terceros interesados», Goldmann Sachs y Azora. Para el TS la «Comunidad de Madrid no es quién para erigirse en representante o defensor de los derechos de tales terceros interesados, pues es a éstos a quienes corresponde la defensa de sus derechos e intereses”.

Tras este nuevo revés al Gobierno de Ayudo ya tan sólo le queda intentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, actuación muy probable visto su afán en el despilfarro de los recursos de los madrileños

La decisión del Tribunal Supremo sienta jurisprudencia y afectará, sin duda, a la venta de 1.860 Viviendas de Protección Oficial que realizó el Ayuntamiento de Ana Botella al fondo buitre Blackstone en 2013. Botella, al igual que el emérito, es inimputable e irresponsable de lo sucedido, pero sus acólitos podrán pagar por ello, al igual que el Ayuntamiento.