A escasas semanas de las elecciones generales, la política de vivienda del Partido Popular vuelve a ser cuestionada en Europa. Ahora es la forma de comunicar las cláusulas abusivas la que ha sido rechazada por el Tribunal de Justicia de Europa. El TJUE afirma que el plazo de un mes para oponerse a las cláusulas abusivas es suficiente, pero condena la manera de comunicarlo a las personas inmersas en procedimientos de ejecución hipotecaria. En concreto, se condena la comunicación a través del BOE, es decir, que no exista una comunicación personal a los demandados, lo que no garantiza que ese mes sea plenamente efectivo.

En 2012-2013 la PAH presentó un millón y medio de firmas que respaldaban la ILP, medidas que contaban con un apoyo social aplastante. Las medidas que presentó la PAH eran de mínimos, de sentido común, medidas que iban a abordar la emergencia habitacional: dación en pago retroactiva, moratoria de los desahucios y alquiler social. El PP, sirviendo a las entidades financieras, bloqueó con su mayoría absoluta la aprobación de la ILP. En su lugar, hicieron medidas de cara a la galería como el Código de buenas prácticas, el Fondo social de viviendas o la falsa moratoria de los desahucios, medidas que el tiempo ha demostrado insuficientes, dando resultado para la banca pero no para la ciudadanía, ya que han excluido al 99%.

Europa, a través del TJUE, ha dado la razón a las PAH españolas en diversas ocasiones. En 2013 la sentencia del TJUE ya dijo que el procedimiento hipotecario español era contrario a los derechos de lo consumidores. El PP respondió con una modificacion Ley 1/2013 para adaptar la regulacion española a la Directiva 93/13 sobre clausulas abusivas en los contratos de conumidores. Esta modificacion suponia que se si el ejecutado se opone al procedimiento, para lo cual se da un plazo de un mes, por considerar que hay clausulas abusivas en el contrato, el procedimiento se suspendería hasta resolver si habían clausulas abusivas o no. De aplicación en los procedimientos posteriores a la entrada en vigor de la ley 1/2013. Ésta ley disponía una disposición transitoria para los procedimientos en curso. En este caso, el demandado tenia 1 mes para oponerse por cláusulas abusivas.

Acaba de publicarse otra sentencia del TJUE que afirma que el plazo de un mes para oponer cláusulas abusivas es suficiente, pero condena la manera de comunicarlo a las personas que tenían los procedimientos de ejecución hipotecaria. En concreto, se condena la comunicación a través del BOE, es decir, que no hubo una comunicación personal a los demandados, y esto no garantiza que ese mes sea plenamente efectivo al no garantizar que la información llega directamente a cada persona interesada.

En definitiva, es un tirón de orejas más de Europa al gobierno de Mariano Rajoy en materia de vivienda, a sus medidas ineficaces. Una vez más se demuestra que las políticas del Partido Popular son fruto de la sumisión al poder financiero, y que tan sólo son medidas que limitan los derechos de la ciudadanía y que en ningún momento han tenido voluntad de limitar los privilegios de la banca.