Con el claro objetivo de prevenir los desahucios y en la línea recomendada por la Eurocámara al Partido Popular, el Grupo Parlamentario de Podemos en la Junta General de Asturias, presenta una moción urgente para prevenir los desahucios de vivienda habitual. Para Podemos, el objetivo debe ser «prevenir desahucios».

Podemos en Asturias considera que las políticas del Gobierno de Javier Fernández con respecto a los desahucios son nefastas, porque ni el Plan de Choque contra los desahucios, ni el Servicio de intermediación hipotecaria han conseguido paliar el problema. Como sucede en otros lugares de España sólo la intervención de la ciudadanía organizada, a través de Stop Desahucios, está impidiendo que las personas se vayan a la calle. Sucedió la semana pasada cuando tres familias fueron expulsadas de sus viviendas.

Con esta moción, la formación propone la creación de una comisión integrada por las administraciones local, autonómica y judicial de Asturias, las entidades bancarias y las organizaciones de la sociedad civil. Esta comisión debe detectar los procedimientos de ejecución hipotecaria de viviendas habituales y adoptar las medidas necesarias para evitar los desahucios. Por otro lado este es también el consejo de la Eurocámara, evitar los desahucios de viviendas habituales.

Además, Podemos insta al Gobierno del Principado de Asturias para que ejerza la capacidad de negociación que confiere su condición de principal cliente de los bancos que desahucian a la gente de sus casas, y que acaparan un enorme stock de casas vacías, para que acepten la dación en pago a los deudores de buena fe y faciliten el acceso a las viviendas vacías mediante alquileres sociales. También solicita que se modifique la actual regulación de los procedimientos de adjudicación por urgencia y por emergencia, que permiten ‘no renovar el contrato’, es decir, desahuciar de viviendas públicas a familias en situación de vulnerabilidad o de exclusión, reduciendo el plazo legal máximo de dos meses del que disponen los ayuntamientos para remitir las solicitudes de viviendas de emergencia social, y el de un mes del que dispone la Consejería para resolverlas.