El Tribunal Constitucional anuló por ilegal el impuesto de plusvalía municipal cuando no se ha producido una ganancia económica. Y eso ha dejado a los ayuntamientos muy preocupados porque este impuesto supone una parte importante en sus ingresos anuales.

Desde febrero de éste año, resolución avalada posteriormente en el mes de mayo, el TC anuló el impuesto que grava la revalorización de los inmuebles cuando son vendidos, porque no tenía en cuenta si se habían producido ganancias o no y gravaba siempre al vendedor.  El Alto Tribunal consideró que no es legal imponer un impuesto cuando no se ha producido una ganancia económica.

Por eso, para recobrar sus ingresos y no seguir en el limbo, la  Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no sólo ha pedido al Gobierno la reforma urgente de este gravamen, sino que también se haga cargo de las devoluciones de lo cobrado de más.

El Ministerio de Hacienda ya estaba trabajando en la reforma de éste impuesto cuando llegó la sentencia del TC y ahora debe incorporar esta sentencia a la reforma, en concreto eliminar la obligación de  tributar a quienes sufran pérdidas al vender su propiedad. De esta forma, a finales del pasado mes de julio el Ejecutivo aprobó el proyecto de ley que modifica la Ley reguladora de las Haciendas Locales para anular el pago de la plusvalía municipal en la transmisión de una vivienda en pérdidas. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) o plusvalía suprimirá la obligación de tributar a aquellos propietarios que sufran pérdidas al vender un inmueble.

El problema llega cuando es preciso determinar si ha habido o no incremento del valor del inmueble y cómo realizar esta medida. Según Hacienda, en el caso de la venta de un piso o casa, la escritura de la compraventa será la que establezca si se ha transmitido en pérdidas o no. Es decir, no se tendrá en cuenta la diferencia entre los precios reales de compra y los de venta, sino las estimaciones elaboradas a partir del valor catastral del inmueble. Si la diferencia es positiva, toca pagar.

Pero además de reformar la ley en consonancia con lo sentenciado por el TC,  la FEMP quiere que sea el Gobierno el que asuma las posibles devoluciones a contribuyentes que tributaron de más en los ejercicios no prescritos . Y es que los municipios  ingresaron 8.394 millones de 2012 a 2015 por  este concepto y no quieren tener que devolver las cantidades que se hayan cobrado de más, que serán la mayoría.

Durante este periodo de tiempo -los cuatro años no prescritos -se han realizado unas 550.000 operaciones a pérdidas y que pagaron  la plusvalía municipal. Ahora toca devolver lo percibido ilegalmente y los ayuntamientos se resisten.