Con la alianza electoral entre Podemos e Izquierda Unida, Unidos Podemos, la izquierda espera hacer valer el millón de votos que el partido de Alberto Garzón obtuvo el pasado 20D –y que sólo le permitió tener dos diputados– para convertirse en la primera fuerza de izquierdas en la próxima legislatura. El problema de la vivienda, los desahucios y los suministros energéticos está muy presentes en el programa » 50 pasos para gobernar juntos» con que concurren unidas ambas formaciones.

El documento de 18 páginas que aglutinas las ideas de ambas formaciones asegura, entre otras propuestas, que «nada es más urgente que ayudar a las familias que han perdido su casa, a los que han tenido que cerrar su negocio, a quienes lo han pedido todo durante esta crisis”.

Las dos grandes ejes, alrededor de los cuales se articulan las propuestas que hace Unidos Podemos, son el incremento del gasto público y una importante reestructuración de la deuda hipotecaria de las familias. Y se argumenta con una afirmación que todos conocemos: “la caída en el precio de las viviendas ha llevado a una fuerte desproporción entre el valor nominal de muchas hipotecas, y el valor real de los activos inmobiliarios”. En cuanto a la justificación económica, el documento asegura que “el elevado nivel de endeudamiento lastra la demanda privada y dificulta la recuperación”.

Las políticas que afectan directamente al sector inmobiliario y que recoge el documento hecho público son estas:

1.- Aumentar el gasto público en políticas de vivienda del 0,5% al 0,7% del PIB en 2019, lo que supondría incrementar la inversión en casi 3.000 millones de euros.

2.- Paralización de los desahucios por motivos económicos probados.

3.- Derecho a la dación en pago con carácter retroactivo y a la reestructuración de la deuda hipotecaria.

4.- Conversión de la Sareb en un instrumento de gestión de un parque público de vivienda en alquiler.

5.- Se regulará por ley el concepto de alquiler social, que no podrá superar el 30 % de la renta familiar (incluidos gastos de suministros).

6.- Regulación de la Función social de la vivienda, sancionando a las entidades financieras y sociedades de gestión de activos que posean viviendas deshabitadas.

7.- Impulsar la reestructuración de la deuda hipotecaria de los hogares mediante una reducción en el valor nominal de las hipotecas de primera vivienda en el caso de las familias que cumplan ciertos criterios sociales (todos sus miembros estén en paro y no cuenten con ningún otro ingreso o hogares que presenten ingresos inferiores a 3 veces el IPREM).

8.- Implementar un procedimiento simplificado de reestructuración y cancelación de deudas (fase de conciliación/fase de vista judicial), en el marco de un nuevo régimen de segunda oportunidad que realmente libere de las deudas pasadas una vez que la situación de quiebra sea efectiva.

9.- Se revisará la fiscalidad de las SICAV, las SOCIMI, las sociedades de capital riesgo y las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) para velar por la inversión productiva y la equidad fiscal.

10.- Se llevará a cabo una política de transformación de los ecosistemas urbanos en lugares más sostenibles y habitables para la ciudadanía.

11.- Se impulsará un modelo urbanístico orientado a la rehabilitación y la eficiencia energética de las actuales edificaciones y construcciones.

12.- Creación de un ‘Plan de Retorno’ que facilite el subsidio de desempleo y el acceso a la vivienda a los retornados y que reconozca a los trabajadores españoles que hayan trabajado en el exterior las prestaciones económicas derivadas de las cotizaciones a la seguridad social.

13.- Implantación de un ‘Plan Nacional de Ahorro Energético’ que fomente la rehabilitación energética de viviendas y edificios de la Administración, lo que debería permitir recolocar parte de las personas paradas que vienen del sector de la construcción.

14.- Aprobación de una legislación del autoconsumo de modo que a) la energía autoconsumida instantáneamente quede libre de cualquier tipo de imposición, b) la energía vertida al sistema eléctrico sea justamente retribuida por la empresa comercializadora, c) los trámites administrativos sean ágiles, d) se permitan instalaciones compartidas.

15.- Contrarrestar la pobreza energética estableciendo una tarifa por tramos sociales para combatir los cortes de agua y la pobreza energética que afecta a 1,4 millones de hogares. Un mínimo vital básico de suministro eléctrico garantizado cuya tarifa se fijará en función de la renta.