Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre las defunciones en 2023 han arrojado una cifra alarmante: 4.116 muertes por suicidio en España. Aunque esta cifra representa una leve disminución del 2,6 % respecto a 2022, sigue siendo la segunda más alta de los últimos seis años. Este panorama refleja una realidad que como sociedad no podemos ignorar y que requiere una intervención decidida desde todos los ámbitos, incluida la legislación y el sector inmobiliario.
La cifra es la segunda más alta de los últimos años
En términos absolutos, los hombres son los más afectados, con 3.044 fallecimientos frente a 1.072 mujeres, lo que triplica las cifras. Las franjas de edad más afectadas son las de 30 a 39 años y las personas mayores de 75 años, estas últimas con una tasa especialmente elevada en relación con su población total. Es evidente que el suicidio afecta transversalmente, pero con matices importantes en función del género y la etapa vital.
Sin embargo, los números son más que datos fríos; son un reflejo de una crisis estructural que conecta con problemas económicos, sociales y psicológicos, y entre los cuales los desahucios y la falta de acceso a una vivienda digna también juegan un papel importante.
La situación económica y los desahucios continúan siendo una causa de suicidio
La inestabilidad económica y los problemas relacionados con la vivienda se encuentran entre los factores que agravan las crisis personales. Perder el hogar no es solo un golpe financiero, sino también emocional, social y psicológico. El impacto de los desahucios no se limita a las personas directamente afectadas, sino que deja una huella profunda en sus familias y comunidades.
En un contexto en el que el acceso a una vivienda digna sigue siendo un reto para muchos, el papel de portales inmobiliarios como Aquimicasa es esencial no solo para conectar a compradores y vendedores, sino también para promover prácticas responsables y éticas en el sector. La vivienda debe ser vista como un derecho humano, no como un lujo.
Las personas mayores de 75 años tienen mayor riesgo
El informe del INE pone de manifiesto que las personas mayores de 75 años tienen un riesgo desproporcionado de suicidio. Este grupo enfrenta desafíos específicos, como la soledad, problemas de salud crónicos y dificultades económicas, que a menudo se agravan en un entorno social donde los servicios de apoyo son insuficientes o poco accesibles.
En un país que envejece rápidamente, es imperativo desarrollar estrategias específicas para atender las necesidades de este colectivo, desde una atención sanitaria especializada hasta políticas de vivienda adaptadas. La falta de oferta de viviendas asequibles, junto con la ausencia de opciones que integren cuidados y apoyo social, perpetúan el aislamiento de muchas personas mayores.
La salud mental está muy poco cuidada en España
Uno de los problemas de fondo en esta crisis es la escasez de recursos en salud mental. Aunque en 2022 se implementó el teléfono 024 para la atención a la conducta suicida y se aprobó la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026, los avances han sido insuficientes.
En España, la ratio de profesionales de Psicología y Psiquiatría por cada 100.000 habitantes sigue estando muy por debajo de la media europea. Esto dificulta la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento eficaz de los trastornos de salud mental que muchas veces conducen al suicidio.
Es crucial aumentar los recursos destinados a la atención psicológica en la sanidad pública, así como integrar programas de apoyo comunitario y formación en prevención del suicidio en distintos sectores, incluido el inmobiliario, que interactúa directamente con personas en situaciones de estrés extremo.
El suicidio es un fracaso de la estructura social
El suicidio no es solo un problema de salud pública, sino también un indicador del fracaso de nuestras estructuras sociales y económicas para garantizar un bienestar integral. Desde la falta de acceso a servicios de salud mental hasta las consecuencias devastadoras de los desahucios, estamos ante una crisis que exige respuestas transversales y coordinadas.
Como sociedad, no podemos seguir normalizando estas cifras. Es necesario un compromiso real desde las Administraciones públicas, el sector privado y la ciudadanía para abordar las causas subyacentes del suicidio y crear un entorno en el que todas las personas puedan vivir con dignidad y esperanza.
En Aquimicasa, reconocemos la importancia de este debate y nos comprometemos a impulsar prácticas responsables en el sector inmobiliario. Porque detrás de cada cifra hay una vida, y detrás de cada vida, una historia que merece ser escuchada y apoyada.
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