Han sido demasiados los años en que bancos y demás instituciones financieras han tenido la sartén por el mango y la Justicia en el bolsillo. Pero con la crisis inmobiliaria y los centenares de miles de desahucios, demasiados de ellos con graves consecuencias, la situación comenzó a cambiar y la maraña legislativa que protegía a estas entidades a desmontarse, ayudado, eso si, por la Justicia europea.

Cláusulas abusivas, intereses usureros, plazos a su medida…todo ha ido cayendo para alegría de los consumidores y desesperación de los banqueros, que han visto reducirse sus beneficios de forma drástica, aunque se sigue manteniendo “la deuda” como nueva forma de esclavitud en el siglo XXI.

De cada norma, decreto Ley o nueva situación financiera siempre han conseguido los banqueros aprovecharse  y sacar tajada, ahogando a los de siempre gracias a un engrasadito lobby conseguidor.

Y así lo habían vuelto a lograr con los juzgados especializados en lo hipotecario, que el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha en junio del 2017. La idea, que nos vendieron y compramos, es que se ponían en marcha para atender el aluvión de demandas que se esperaba. Aluvión que llegó y colapsó estos juzgados, debiendo esperar los afectados por cualquiera de las cláusulas abusivas  hasta dos años, para que se viera el juicio y recobrar el dinero que el banco les adeudaba.

La genial idea de los chicos de Rajoy consiguió incrementar también  los gastos de desplazamiento de los afectados, al haber uno solamente en cada provincia. Pero los bancos habían encontrado la manera de burlar este plazo de espera,  ya que se les mantuvo el derecho de recurrir un incumplimiento de pago hipotecario en cualquier juzgado y por cualquier procedimiento, utilizando en muchas ocasiones el declarativo. Es decir,  los usuarios que habían demandado al banco por alguna cláusula abusiva, tenían que utilizar los juzgados especiales y esperar un plazo de dos años hasta que su caso se resolviera. Por el contrario, los bancos que denunciaban algún impago hipotecario resolvían su litigio en menos de seis meses, al poder utilizar el juzgado y el procedimiento que les pareciera más conveniente, por obra y gracia del Partido Popular y Ciudadanos que, para eso de ayudar a la banca, tanto monta, monta tanto, y sin ningunear al PSOE que echa una mano siempre que puede.

Pero esta prebenda se les ha acabado. Y es que la Audiencia Provincial de Bilbao ha desviado los procedimientos de ejecución hipotecaria también al juzgado especializado, determinando que estos juzgados han de entender de todo lo relativo a préstamos hipotecarios firmados entre consumidores y profesionales. Con lo que los bancos, a partir de ahora, tendrá que ponerse a la cola como el resto de personas físicas o jurídicas del país y tragarse los dos años de colapso judicial y demora que han contribuido a crear, y del que hasta ahora se estaban beneficiando.

Pero no todas las noticias del último mes han sido buenas para los consumidores hipotecados, ya que como estaba previsto, la subida de los intereses hipotecarios producida desde finales de octubre, está anulando el beneficio logrado al ahorrarse, a la hora de formalizar la hipoteca, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), decretado por el Gobierno de Sánchez, al cargar el tributo a la banca. Y más que anularlo, ha conseguido que los bancos ya ganen más que el coste del impuesto, como han hecho desde siempre.

La realidad es que tras las subidas de los tipos de interés de octubre y noviembre, que ha situado el TAE medio de la banca en el 2,28%, los hipotecados pagan ya 808 euros de más por cada 100.000 euros de crédito en operaciones a veinte años. Cifra superior a lo que se ahorran por el no pago del AJD,  que oscila entre los 500 euros en Navarra y Euskadi, a los 750  de Madrid y Canarias. Por encima, el 1% de la Rioja que supone un impuesto de 1000 euros y el 1,2 de Baleares y Asturias que lo lleva a los 1200 euros.

Pero no solo es esta medida bancaria la que da el “Feliz 2019” a los hipotecados, sino que va acompañada por la subida del Euríbor, ligera, pero con efectos importantes cuando hablamos de créditos a veinte o treinta años. Para tener constancia de las cifras, el incremento del euríbor de los tres últimos meses, de apenas 0,12% suponen 1.155 euros más por casa 100.000 euros a veinte años, 1.488 para los de 25 y 1.835 para los de treinta años.  Mucho más dinero en todos los casos, de lo que ha supuesto el ahorro de dejar de pagar el AJD.  Y la situación va a seguir empeorando a lo largo de todo el 2019. A pesar de los continuados lamentos bancarios que escuchamos, seguimos siendo uno de los países europeos con créditos hipotecarios más caros. Para otro día dejamos lo de las comisiones bancarias, en lo que no podemos menos de sentirnos satisfechos, pues también vamos en cabeza.