La guía incluye 20 recomendaciones clave, diseñadas para ser aplicables por comunidades autónomas y entidades locales, independientemente de su tamaño o estructura administrativa. Estas recomendaciones abordan tanto aspectos normativos como organizativos y de gestión interna, con el objetivo de reducir de forma efectiva los tiempos de tramitación.
La iniciativa, registrada en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, busca arrojar luz sobre un aspecto cada vez más señalado por expertos, organismos públicos y colectivos sociales: la influencia directa de los algoritmos en la visibilidad de los anuncios y, por tanto, en la evolución de los precios del mercado inmobiliario.
La combinación de precios tensionados, auge del alquiler turístico, inversión exterior creciente y falta de vivienda asequible ha reactivado un debate que ya está siendo observado en Bruselas. La posición expresada por Isabel Rodríguez —que apuesta por abrir la puerta a medidas europeas que permitan restringir compras especulativas— coloca el foco en un problema extendido en varios Estados miembros.
La proposición plantea una limitación en la transmisión de la propiedad, tanto a título oneroso (compra-venta) como gratuito (donación o herencia), impidiendo que las empresas adquieran vivienda residencial con fines de inversión o especulación. El texto también reserva la propiedad jurídica exclusivamente para inmuebles de uso económico, reforzando así la diferencia entre el espacio para vivir y el espacio para producir.
La polémica sobre la tasa de basuras no solo tiene un componente económico, sino también político y de gestión. Muchos ayuntamientos han visto en el aumento de la tasa una forma de generar ingresos adicionales sin acompañarla de mejoras visibles en la gestión ambiental.
Uno de los aspectos más ambiciosos del proyecto es la inclusión en el CTE de la definición de “Edificio de Cero Emisiones”, un concepto que marcará el futuro del diseño y la rehabilitación de viviendas en España. Este tipo de edificación deberá demostrar que su demanda energética es mínima y que la energía que utiliza procede íntegramente de fuentes renovables.
La creación del Observatorio de la Vivienda Turística llega en un momento crítico, cuando el acceso a la vivienda y el derecho a la ciudad se han convertido en uno de los grandes desafíos sociales de España. Con él, el Gobierno pretende armonizar los intereses económicos y los derechos ciudadanos, garantizando que el turismo siga siendo una fuente de riqueza, pero también de equilibrio y convivencia.
Sumar ha anunciado una nueva batería de medidas que llevará al Congreso con un objetivo claro: erradicar los desahucios y expropiar las viviendas vacías de bancos y fondos de inversión para destinarlas al parque público de vivienda.
Este sistema contará con la participación de administraciones públicas, organizaciones sociales, sindicatos, empresarios y entidades del tercer sector, configurando un modelo participativo y transparente.
Las comunidades autónomas han sido protagonistas del incremento en la licitación. En total, alcanzaron los 6.650,9 millones de euros, un 23,9% más que el año anterior. La disparidad territorial, no obstante, es evidente. Extremadura lideró las alzas, con un aumento del 417,8% y 363,98 millones de euros licitados. Andalucía, por su parte, fue la comunidad con mayor volumen, superando los 1.348 millones de euros, lo que supone un 116% más que en 2024. En contraste, Madrid redujo un 42% su actividad licitadora, situándose en 920 millones de euros, mientras que Cataluña aumentó un 7,6% y alcanzó los 854,49 millones.
