Las actuaciones para la rehabilitación de 917 viviendas,con una aportación de 22.234.538,06 € , tendrán lugar en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y La Oliva, de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en los de Torrejón de Ardoz y Coslada, en el caso de la Comunidad de Madrid.
El Ministerio de Vivienda, el SEPES y el Ayuntamiento [...]
El Consejo Asesor de Vivienda, de carácter técnico, científico y académico, permitirá la participación de los agentes sociales en la elaboración y el desarrollo de la política estatal de vivienda.
El texto legal se plantea, esencialmente, para aportar al ámbito de la planificación territorial y urbanística un conjunto de medidas que refuercen la estabilidad de estos instrumentos y la seguridad jurídica.
Los 430 millones de euros, cuyo reparto autoriza el Consejo de Ministros, corresponden al “Programa de Rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales”, que está dotado de 3.420 millones de euros, para conseguir 160.000 actuaciones este año y 410.000 hasta junio de 2026.
Este acuerdo va a permitir la rehabilitación del entorno residencial de rehabilitación programada “Can Partit-Sa Capelleta, Ses Canyes, Ses Figueretes, Es Pratet/Es Prat de Vila. Fase I” que afectará a unas 113 viviendas de titularidad privada situadas en el municipio de Eivissa por un total de 3.355.000,00 euros, con una aportación por parte del MIVAU de 1.985.000,00 euros.
El Gobierno de PSOE y Sumar aprueban este miércoles en el último Consejo de Ministros de este año una ampliación parcial del real decreto ley 'anticrisis' para paliar los efectos de la inflación y la crisis energética derivados de la guerra de Ucrania.
Estos acuerdos se enmarcan en el Programa de ayuda para la rehabilitación de entornos residenciales a nivel barrio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que contempla la transferencia de hasta 2.970 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas en tres anualidades para financiar este tipo de intervenciones en viviendas, edificios residenciales y barrios.
Con el fin de reducir las emisiones contaminantes de los vehículos con motor de combustión y mejorar la calidad del aire de las grandes urbes, 149 municipios españoles de más de 50.000 habitantes deberán activar antes del 1 de enero de 2024 una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). A partir de entonces es muy probable que los vehículos sin etiqueta ecológica de la DGT dejen de poder acceder a ellas, lo que se traducirá en la exclusión de más de 6 millones de coches según datos de la propia DGT.
El Mitma aportará 7,5 millones de euros de fondos europeos de recuperación NextGenerationEU para financiar estas actuaciones, que se llevarán a cabo en viviendas de titularidad privada de ambas comunidades autónomas y cuyo importe total asciende hasta los 23,8 millones de euros.
