Los bancos tendrán que pagar el impuesto de todas las hipotecas elevadas a escritura pública a partir del 10 de noviembre. El BOE ha publicado este viernes el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, que modifica la ley del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
El Tribunal Supremo ha sido capaz de superarse a sí mismo y a lo largo de estas tres últimas semanas ha conseguido romperse y acabar con la escasa credibilidad que le quedaba. Su presidente Carlos Lesmes y el presidente de la sala de lo Contencioso Administrativo, Luis Díez Picazo, tienen mucho que ver con lo sucedido y debieran dimitir ante la situación creada, como se exige ya desde distintos ámbitos políticos y judiciales.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha reaccionado a la sentencia del Tribunal Supremo que vuelve a eximir a los bancos del pago del impuesto de las hipotecas. Y lo hace anunciando caceroladas ante los juzgados
Los datos del Instituto Nacional de Estadística señalan que agosto ha marcado un nuevo máximo en las hipotecas concedidas desde el año 2011. Se constituyeron en concreto 28.755 hipotecas sobre viviendas, una cifra menor que en julio, pero un 6,8% más que 12 meses antes. Desde 2011, cuando se superaron las 29.000, que no se registraba una cifra tan alta en agosto. En lo que vamos de año se han constituido un 9,7% más hipotecas que en los mismos meses del 2107.
Por octavo mes consecutivo sube el Euríbor situándose en el 0,154. De esta forma el Euríbor, el índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, cierra el mes de octubre encareciendo la cuota 1,3 euros anuales a las hipotecas que toque revisión.
Hemos vuelto a asistir la pasada semana a una nueva batalla de los consumidores contra la banca española. De momento y en el último envite se han quedado en tablas, pero todo indica que a pesar de los esfuerzos de las entidades financieras, cuyos más altos directivos han salido en tromba a defender su bonhomía y correcta actuación según la legislación vigente, el consumidor ganará la batalla de los gastos hipotecarios con el impuesto de actos jurídicos documentados a su favor.
Por si fuera poco una, la primera, la del revuelo, el Tribunal Supremo ha notificado ya otras dos sentencias de lo Contencioso-Administrativo que fallan a favor de que sean las entidades bancarias y no los clientes ─como era la norma hasta ahora─ los que asuman el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
Su actuación roza el ridículo, la prevaricación, la irresponsabilidad manifiesta e incluso la incorrección jurídica; resulta difícil ponerle una etiqueta a lo llegado desde el Tribunal Supremo estos días pasados
El presidente del Tribunal Supremo vuelve a sumirnos en la confusión al asegurar que la sentencia relativa a la determinación del sujeto pasivo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados que grava las escrituras públicas, que documentan préstamos con garantía hipotecaria, es firme y no susceptible de revisión.
Nueve meses después de su primera decisión y con el voto contrario de uno de los jueces, el Tribunal Supremo (TS) ha cambiado de forma sorpresiva su criterio con respecto a quien debe pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados de los préstamos hipotecarios
