A pesar de las nuevas medidas, el mercado ilegal sigue activo. Muchos pisos turísticos sin licencia siguen operando a través de plataformas digitales, sobreviviendo en la sombra del control administrativo. Las sanciones recientes no parecen haber sido suficientes, y la normativa propuesta necesitará vigilancia activa para que su aplicación sea efectiva.
El reparto sectorial de las nuevas sociedades creadas durante el tercer trimestre del año confirma la posición dominante de la construcción y las actividades inmobiliarias. En conjunto, estos sectores suponen más de una cuarta parte de las nuevas empresas, evidenciando el interés sostenido por un ámbito que sigue generando oportunidades.
La actuación se produce en un momento en que el acceso a la vivienda en España atraviesa una situación crítica. El parque público apenas representa un 2,5 % del total, muy por debajo de la media europea, mientras los precios de venta y alquiler aumentan por encima de los salarios. El Gobierno pretende que este tipo de actuaciones contribuyan a incrementar de forma sostenida la oferta de vivienda asequible, especialmente en zonas tensionadas.
El salto porcentual del 22,3% al 37,1% en menos de un año es más que una cifra estadística: es la expresión del malestar social acumulado. Cada mes, el precio de la vivienda sigue subiendo —tanto en compra como en alquiler— y los salarios no acompañan ese ritmo. Los jóvenes ven imposible emanciparse, las familias soportan hipotecas más caras por el aumento del euríbor, y quienes alquilan sufren subidas descontroladas en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga
La iniciativa, que se presenta como un plan de intervención urgente, pretende frenar la escalada de precios y reforzar la protección de los inquilinos, pero también ha generado interrogantes entre propietarios, promotores y economistas.
El debate sobre la vivienda en España vuelve a caldearse. Sumar ha decidido poner sobre la mesa un paquete de medidas urgentes para intervenir el mercado inmobiliario y contener unos precios que hace tiempo dejaron de ser razonables. Lo hace con una propuesta directa, casi una patata caliente, que lanza al PSOE en mitad de un escenario político paralizado, donde los discursos abundan, pero las soluciones concretas siguen sin llegar.
El Plan Europeo de Vivienda Asequible es una iniciativa de la Unión Europea destinada a paliar el problema del acceso a la vivienda en todo el continente. Los precios de la vivienda han crecido un 48% en los últimos ocho años, según Eurostat, y las instituciones comunitarias empiezan a asumir que la burbuja no es una rareza española, sino una patología europea.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha destacado que este modelo de cogestión entre la administración central y las comunidades autónomas podría replicarse en otras regiones que cuenten con medios y voluntad política para impulsar la Ley por el Derecho a la Vivienda. El Gobierno central abre así la puerta a un modelo de colaboración institucional que prioriza la función social de la vivienda frente al mero valor económico del suelo.
La llamada comienza informando al usuario de que “su comercializadora actual ha cambiado los precios” o de que “se le ha caducado un descuento”, y que ellos pueden ayudarle a recuperarlo. Lo que en realidad ocurre es que el usuario está autorizando un cambio de compañía sin saberlo.
Los precios suben y cada trimestre lo hacen con más fuerza. De 9 capitales con incrementos superiores al 10% hemos pasado a 15, con Madrid, Valencia, Palma de Mallorca, Alicante, Pontevedra, Santander, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Granada, Murcia, Málaga, Cádiz, Zaragoza, Toledo y A Coruña liderando la carrera del despropósito.
