Alquiler

La situación de Mallorca es paradigmática, pero no excepcional. El descontrol de la vivienda turística afecta a Madrid, donde el Ayuntamiento ha sido incapaz de poner coto a la proliferación de apartamentos ilegales en barrios como Centro o Chamberí. También en Barcelona, donde las sanciones millonarias no han sido suficientes para frenar la oferta irregular, y en Valencia, donde la convivencia vecinal se ve cada vez más tensionada.

El PSIS de Sarriguren plantea la ordenación de unas 120 hectáreas de suelo, de las cuales 90 se destinarán a uso residencial y las 30 restantes a viales, accesos y servicios. Según las previsiones iniciales, se levantarán 5.000 viviendas colectivas de distintas tipologías, con la particularidad de que el 90% estarán sometidas a algún régimen de protección oficial.

Los datos oficiales sitúan a Andalucía como la región con mayor número de viviendas turísticas registradas del país, con más de 82.400 en funcionamiento legal, sin contar las ilegales. Esta cifra coloca a la comunidad a la cabeza de España en este fenómeno y explica por qué la administración autonómica se ha visto obligada a endurecer la normativa.

La apuesta por proyectos como los ADA de Alcorcón o las viviendas públicas en Retamar de la Huerta ejemplifican lo que el Gobierno denomina un cambio sustancial en la política pública de vivienda. Se trata de incrementar la oferta de alquiler asequible de forma rápida y efectiva, utilizando todos los recursos normativos y financieros a disposición de las administraciones.

Conviene recordar lo básico: una VPO no es un regalo. Es una vivienda financiada, en parte, con dinero público. El mismo dinero que proviene de los impuestos de todos los ciudadanos y que debería destinarse a facilitar el acceso a la vivienda, no a engordar los bolsillos de quienes intentan sacar beneficio de algo que nunca debió ser objeto de especulación.

El procedimiento aprobado por el Departamento Vasco de Vivienda y Agenda Urbana abarca a la totalidad del casco urbano de la capital alavesa y a las entidades menores de Abechuco, Arechavaleta, Armentia, Betoño, Ali y Gardélegui. En estas zonas residen alrededor de 256.000 personas, es decir, el 97,92% de la población del municipio.

La jueza entendió que al haberse modificado la fecha en la renovación, adelantando su firma a enero, la continuidad contractual quedó rota. Esto significa que el inquilino, que llevaba más de 20 años residiendo en la vivienda, pasaba a disfrutar de un contrato totalmente nuevo, con un periodo de obligado cumplimiento de cinco años.

El alcalde, Francisco de la Torre, ha explicado que en Málaga hay actualmente 12.754 viviendas de uso turístico registradas, aunque solo 8.596 se encuentran en explotación activa. No obstante, no se ha facilitado un dato estimado de cuántos inmuebles operan de forma ilegal, una cifra que, según organizaciones vecinales y partidos de la oposición, podría ser significativa.

Los datos de portales inmobiliarios y asociaciones de inquilinos señalan incrementos anuales en los precios del alquiler que superan con creces el crecimiento medio de los salarios. Ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga o Valencia registran subidas de dos dígitos, y la escasez de vivienda asequible empuja a muchas familias a destinar más del 40% de sus ingresos al pago de la renta, muy por encima del 30% que recomiendan organismos internacionales.

El precio total de la operación, sumando compra y rehabilitación, se sitúa en 3.902,68 euros por metro cuadrado, una cifra que representa un 20,10 % por debajo de la media del barrio del Camp d’en Grassot, estimada en 4.884,20 euros por metro cuadrado.