El gran anuncio es la reforma de la Ley del Suelo, con la que se pretende aumentar un 10% la edificabilidad de las parcelas destinadas a vivienda protegida y hasta un 20% la densidad, sin necesidad de modificar el planeamiento. También se permitirá dar uso alternativo de vivienda protegida a suelos inicialmente destinados a otros fines. Traducido: más ladrillo y menos garantías de que la vivienda resultante sea realmente accesible.
El secretario de Estado puso en valor la cooperación entre el Gobierno y el ejecutivo vasco en materia de vivienda, subrayando que para afrontar con garantías el reto de ampliar la oferta de viviendas asequibles y sociales, es indispensable la colaboración entre instituciones autonómicas, locales y estatales.
Desde enero de 2025 está en vigor un régimen sancionador que contempla multas de hasta 900.000 euros para propietarios que incumplan los topes de alquiler o recurran a contratos temporales de manera fraudulenta. Estos inspectores, distribuidos en toda Cataluña, tendrán capacidad para actuar de oficio o a instancias de denuncias ciudadanas, lo que dota a la normativa de un carácter disuasorio.
Uno de los grandes objetivos de la ley es reducir la brecha entre la oferta y la demanda. En palabras de Juanma Moreno, el desajuste existente ha generado un mercado donde los precios se disparan y el acceso resulta “inaccesible” para miles de familias.
El esfuerzo económico que deben realizar las familias es desproporcionado: una pareja joven destina el 43% de sus ingresos al alquiler en Madrid y el 51% en Barcelona, cifras que superan ampliamente el 30% recomendado para mantener un equilibrio financiero saludable.
Las entidades municipales serán protagonistas en la gestión del parque público, especialmente en aquellos territorios donde las comunidades autónomas no están impulsando políticas de vivienda de manera decidida.
El efecto inmediato del acuerdo ha sido una retirada masiva de inmuebles: más de 35.000 solicitudes rechazadas dejan a miles de propietarios sin acceso a sus principales canales de comercialización.
La inminente declaración de Bilbao como zona tensionada marca un punto de inflexión en las políticas de vivienda de la capital vizcaína. Más allá de la limitación de los precios del alquiler, el reto pasa por ampliar la oferta de vivienda asequible, regular los usos turísticos y garantizar que el acceso a un hogar no dependa de la capacidad adquisitiva de una minoría.
La normativa también restringirá las nuevas licencias en el centro histórico de la ciudad, donde se había concentrado el mayor número de viviendas destinadas al alquiler turístico. Según el consistorio, el objetivo es “ordenar la oferta turística, mejorar la convivencia vecinal y recuperar el parque de vivienda para uso residencial”.
La inscripción en el registro no es voluntaria, sino obligatoria. El incumplimiento se considera una infracción grave y puede conllevar sanciones económicas de hasta 30.000 euros.
