En una reflexión especialmente relevante para el debate estatal sobre vivienda, el TSJN insiste en que la falta de alternativas habitacionales explícitas en los informes sociales no permite a la Administración autonómica eludir su obligación de compensación.
El Índice de Esfuerzo Inmobiliario, que mide cuántos años de salario íntegro debe destinar un ciudadano para adquirir una vivienda de precio medio, se sitúa en 5,3 años en Castilla y León. La cifra permanece estable respecto al trimestre anterior y es ligeramente inferior a la registrada hace un año, situándose por debajo de la media nacional (7,6 años).
Entre las medidas más destacadas se propone crear un fondo europeo específico para combatir la falta de vivienda y la exclusión residencial. Además, se sugiere destinar al menos un 3% del Fondo Social Europeo Plus a políticas de vivienda, garantizando así que los colectivos más vulnerables —jóvenes, mayores y personas con discapacidad— tengan acceso a un hogar digno.
La actividad en el mercado de compraventas mantiene un tono muy dinámico. En el segundo trimestre de 2025 se escrituraron 195.737 transacciones de vivienda, un 3,1% más que en el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 189.761 operaciones. Este volumen representa el segundo mejor dato de compraventas en un segundo trimestre de los últimos 18 años
El secretario de Estado utilizó los datos de Cataluña para ilustrar el efecto de la regulación: las zonas tensionadas han permitido contener precios, evitar subidas desproporcionadas y ofrecer mayor estabilidad en los contratos. Contrapuso esta situación con la Comunidad de Madrid, donde los precios son los más altos del país y donde más se han incrementado en los últimos meses.
Las grandes cadenas han logrado instalar en el imaginario colectivo que “lo caro es mejor” incluso cuando los datos lo contradicen punto por punto. Y porque la falta de información clara, sumada a la costumbre, conduce a muchos consumidores a asumir sobrecostes totalmente injustificados en un momento donde cada céntimo pesa.
El acceso a la vivienda se ha visto lastrado por la creciente brecha entre el precio del metro cuadrado y la evolución de los salarios. Mientras la vivienda no deja de encarecerse, las retribuciones avanzan a un ritmo insuficiente para mantener el poder adquisitivo real
Sareb ha cedido, además, 1.625 viviendas adicionales a Administraciones públicas, facilitando así su incorporación a programas locales de alquiler social y ampliando la capacidad de respuesta en territorios con mayor tensión inmobiliaria.
El panorama que ofrece el IRAI confirma que la actividad inmobiliaria sigue en un punto álgido, impulsada principalmente por la demanda, los precios y el mercado hipotecario. La presión sobre la oferta, la falta de vivienda asequible y el encarecimiento progresivo del mercado anticipan un escenario complejo, donde la moderación prevista para los próximos meses no necesariamente aliviará las tensiones estructurales del sector.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha intervenido con un informe contundente: la sustitución debe ser gratuita para el consumidor, sin incrementos en el alquiler ni en tarifas asociadas. Además, subraya que tampoco deben cobrarse derechos de enganche adicionales por cambiar la fecha de instalación ni recargos por visitas infructuosas de técnicos. Estos cobros, insiste, no responden a servicios realmente prestados.
