El consumo acumulado en los cuatro primeros meses del año se mantiene en una trayectoria sólida, con 4.882.787 toneladas, lo que supone un crecimiento del 5% respecto al mismo período del año pasado. Una evolución que se consolida también en los datos interanuales móviles: entre mayo de 2024 y abril de 2025 se han consumido 15.133.488 toneladas de cemento, un 6,1% más que en el mismo período anterior
España continúa arrastrando un déficit estructural de vivienda desde la crisis de 2008. Este desajuste, lejos de resolverse, se ha agudizado en las zonas de mayor presión demográfica, como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o las principales áreas insulares. La falta de vivienda asequible y de obra nueva impide satisfacer una demanda sostenida tanto de compradores particulares como de inversores nacionales e internacionales.
Uno de los aspectos más destacados del informe del OVS es el fuerte repunte de la vivienda protegida, un segmento clave para mejorar la accesibilidad residencial en un contexto de tensión en precios. En 2024 se construyeron 14.371 viviendas protegidas con calificación definitiva, lo que supone un incremento del 62,4% respecto a las 8.847 del año anterior.
El llamado Registro Único de Arrendamientos de uso turístico, regulado mediante el Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, entró en vigor el pasado 2 de enero de 2025, aunque su aplicación efectiva será a partir del 1 de julio. Desde entonces, todos los arrendamientos turísticos deberán inscribirse obligatoriamente en este sistema nacional y pasar por la nueva Ventanilla Única Digital, diseñada para centralizar y gestionar la información sobre los alojamientos de corta duración.
Hasta ahora, las acciones contra los pisos turísticos ilegales se centraban en propietarios individuales o pequeñas gestoras. Pero el Ministerio de Consumo ha dado un salto cualitativo, implicando directamente a Airbnb, la plataforma que más se beneficia del fenómeno.
El estafador sabía muy bien lo que hacía. Utilizaba la excusa de que se encontraba fuera de España por trabajo, o que era extranjero, para evitar mostrar físicamente los inmuebles. Alegaba que había mucha demanda y poca oferta para presionar a sus víctimas a hacer una transferencia rápida, supuestamente para reservar la vivienda. Era todo mentira. Ni los pisos existían, ni estaban disponibles, ni él tenía la más mínima intención de alquilar nada. Solo quería el dinero
Según cifras de Eurostat, los precios de la vivienda han subido un 20% desde 2015, ajustados a la inflación, y los alquileres en las principales ciudades de la UE han aumentado una media del 48% entre 2014 y 2023. En muchos casos, los salarios no han seguido ese ritmo, y el esfuerzo económico que exige el acceso a una vivienda digna se ha disparado.
La demanda no afloja. Todo lo contrario: se espera que las ventas de viviendas crezcan un 9% en 2025, hasta alcanzar las 780.000 operaciones, y que en 2026 se superen las 800.000 compraventas. El motor de esta dinámica es múltiple: crecimiento económico (2,6% previsto para 2025), dinamismo del mercado laboral, afluencia de compradores extranjeros (especialmente en zonas costeras), caída del euríbor y una presión demográfica que ya es estructural.
La venta de activos por parte de Patrizia no es un hecho aislado. Se suma a la fuga progresiva de capital inmobiliario extranjero que Cataluña está viviendo en los últimos años. Otros fondos, como Blackstone o Vivenio, ya han iniciado desinversiones similares en la región, movidos por los mismos motivos: menor rentabilidad esperada, mayor intervención política y marcos regulatorios inciertos.
Este comportamiento alcista, sin embargo, plantea también interrogantes de calado sobre el equilibrio entre oferta y demanda. Mientras la demanda se acelera, la oferta de obra nueva sigue estancada, atrapada entre trabas administrativas, falta de suelo y costes de construcción al alza. Y en ese desequilibrio se esconde el verdadero riesgo: una presión inflacionaria sobre los precios que podría tensionar aún más el acceso a la vivienda en 2025.
