No cabe duda de que los ciudadanos siguen apostando por la compra de vivienda, pese al euríbor todavía elevado y al encarecimiento del crédito. Es un movimiento que refleja tanto la confianza en el mercado como la falta de alternativas de inversión seguras, pero también apunta a una presión creciente sobre la oferta
El consumo acumulado en los cuatro primeros meses del año se mantiene en una trayectoria sólida, con 4.882.787 toneladas, lo que supone un crecimiento del 5% respecto al mismo período del año pasado. Una evolución que se consolida también en los datos interanuales móviles: entre mayo de 2024 y abril de 2025 se han consumido 15.133.488 toneladas de cemento, un 6,1% más que en el mismo período anterior
España continúa arrastrando un déficit estructural de vivienda desde la crisis de 2008. Este desajuste, lejos de resolverse, se ha agudizado en las zonas de mayor presión demográfica, como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o las principales áreas insulares. La falta de vivienda asequible y de obra nueva impide satisfacer una demanda sostenida tanto de compradores particulares como de inversores nacionales e internacionales.
Uno de los aspectos más destacados del informe del OVS es el fuerte repunte de la vivienda protegida, un segmento clave para mejorar la accesibilidad residencial en un contexto de tensión en precios. En 2024 se construyeron 14.371 viviendas protegidas con calificación definitiva, lo que supone un incremento del 62,4% respecto a las 8.847 del año anterior.
El llamado Registro Único de Arrendamientos de uso turístico, regulado mediante el Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, entró en vigor el pasado 2 de enero de 2025, aunque su aplicación efectiva será a partir del 1 de julio. Desde entonces, todos los arrendamientos turísticos deberán inscribirse obligatoriamente en este sistema nacional y pasar por la nueva Ventanilla Única Digital, diseñada para centralizar y gestionar la información sobre los alojamientos de corta duración.
El mercado inmobiliario no se autorregula, y el Estado no puede seguir premiando a quienes acaparan, especulan o vacían viviendas. La fiscalidad es un instrumento poderoso para orientar el mercado hacia el interés general , porque va contra la rentabilidad del negocio y, por otro lado, garantiza el acceso a la vivienda como un derecho, no como un privilegio de fondos y rentistas.
El gobierno municipal de Madrid busca poner freno a una actividad desbocada que ha provocado la expulsión de vecinos del centro, el aumento del precio de la vivienda y la desaparición del comercio de barrio
La vivienda ha pasado de ser un derecho a un activo de inversión con alta rentabilidad. El Banco de España reconoce sin tapujos que el “alto retorno” de las rentas inmobiliarias ha atraído capital privado y desplazado a las administraciones y los inversores institucionales del mercado del alquiler. En resumen: la oferta ha crecido gracias a los particulares, mientras el sector público sigue desaparecido.
El alquiler de temporada no responde a una necesidad real del mercado, sino a una oportunidad de beneficio especulativo en zonas donde los precios del alquiler permanente están regulados o restringidos.
Durante años, el mercado de la vivienda en España ha operado con escasa intervención pública. Salvo en situaciones excepcionales —la burbuja de 2008 y su posterior estallido—, el alquiler ha estado sometido a una lógica puramente especulativa que ha desbordado los límites de lo asumible para una parte creciente de la población.
