El gobierno municipal de Madrid busca poner freno a una actividad desbocada que ha provocado la expulsión de vecinos del centro, el aumento del precio de la vivienda y la desaparición del comercio de barrio
Durante demasiado tiempo se ha permitido que la vivienda funcione como un activo financiero más, ajeno a su función social. Y en un mercado cerrado el problema tal vez no se hubiera presentado tan acuciante, pero el nuestro no lo es; está abierto a inversores extranjeros, con un bolsillo mucho más repleto que el nuestro y que el pasado año compraron el 15% de las viviendas vendidas en España, nada menos que casi 93.000 viviendas.
La vivienda ha pasado de ser un derecho a un activo de inversión con alta rentabilidad. El Banco de España reconoce sin tapujos que el “alto retorno” de las rentas inmobiliarias ha atraído capital privado y desplazado a las administraciones y los inversores institucionales del mercado del alquiler. En resumen: la oferta ha crecido gracias a los particulares, mientras el sector público sigue desaparecido.
El alquiler de temporada no responde a una necesidad real del mercado, sino a una oportunidad de beneficio especulativo en zonas donde los precios del alquiler permanente están regulados o restringidos.
En España, millones de hogares dependen del gas licuado de petróleo (GLP) envasado, que no es otra cosa que la bombona de toda la vida. No todos los pueblos ni barrios tienen acceso a la red de gas natural. Y no todos pueden pagar una instalación eléctrica eficiente.
Durante años, el mercado de la vivienda en España ha operado con escasa intervención pública. Salvo en situaciones excepcionales —la burbuja de 2008 y su posterior estallido—, el alquiler ha estado sometido a una lógica puramente especulativa que ha desbordado los límites de lo asumible para una parte creciente de la población.
Hasta ahora, las acciones contra los pisos turísticos ilegales se centraban en propietarios individuales o pequeñas gestoras. Pero el Ministerio de Consumo ha dado un salto cualitativo, implicando directamente a Airbnb, la plataforma que más se beneficia del fenómeno.
Ibiza es hoy un paradigma de la burbuja inmobiliaria en zonas turísticas. En este escenario, incluso personas con trabajos estables y bien remunerados se ven obligadas a vivir en autocaravanas, coches o tiendas de campaña ante la imposibilidad de pagar un alquiler. Los efectos en la economía local son devastadores: los hoteles y restaurantes no encuentran trabajadores, porque no hay dónde vivir.
El estafador sabía muy bien lo que hacía. Utilizaba la excusa de que se encontraba fuera de España por trabajo, o que era extranjero, para evitar mostrar físicamente los inmuebles. Alegaba que había mucha demanda y poca oferta para presionar a sus víctimas a hacer una transferencia rápida, supuestamente para reservar la vivienda. Era todo mentira. Ni los pisos existían, ni estaban disponibles, ni él tenía la más mínima intención de alquilar nada. Solo quería el dinero
Según cifras de Eurostat, los precios de la vivienda han subido un 20% desde 2015, ajustados a la inflación, y los alquileres en las principales ciudades de la UE han aumentado una media del 48% entre 2014 y 2023. En muchos casos, los salarios no han seguido ese ritmo, y el esfuerzo económico que exige el acceso a una vivienda digna se ha disparado.
