La espera media para entrar en una residencia pública alcanza los 225 días, más de siete meses. Para una concertada, 162 días. Mientras tanto, alguien tiene que cuidar al mayor en casa, las 24 horas del día, sin descanso y sin apoyo institucional. Y cuando finalmente hay plaza, puede estar a diez kilómetros, o a veinte, porque lo que hay es lo que hay.
En condiciones de mercado convencionales, una subida de precios tan sostenida y tan pronunciada debería atraer inversión promotora, acelerar la producción y, con el tiempo, reequilibrar la oferta. Aquí no está ocurriendo. Los precios suben, pero la vivienda no se construye. Esa disociación es la mejor evidencia de que los problemas del sector no son cíclicos, sino estructurales.
Según el Índice General IMIE de Tinsa by Accumin, la vivienda nueva y usada encareció un 1,3% solo en el mes de mayo, lo que eleva la tasa interanual hasta el 15,4%. Un dato que no invita precisamente al optimismo si se tiene en cuenta que la inflación general de la economía crece bastante por debajo de esa cifra: la vivienda le saca nada menos que 11,9 puntos porcentuales de ventaja al IPC
El Supremo lo recuerda con claridad: la protección legal no alcanza a cualquier operación inmobiliaria frustrada, sino únicamente a aquellas en las que la adquisición respondía a una necesidad habitacional. Ser consumidor, o haber comprado una sola vivienda, no garantiza por sí solo el acceso a esas garantías. Lo que importa es el destino real de la compra.
Por primera vez en mucho tiempo —o quizás en toda la serie— ninguna comunidad autónoma logró mantenerse por debajo del 10% de subida anual. La geografía del encarecimiento es ya universal en España. A la cabeza del ránking figuran Aragón y la Región de Murcia, con un alza del 15,6%, seguidas de Castilla y León y Ceuta, con un 14,9%. También por encima de la media nacional se situaron Asturias, la Comunidad Valenciana y La Rioja, con un 14,3%, Cantabria con un 14%, y las Islas Baleares y la Comunidad de Madrid con un 13,6%.
La compraventa de edificios enteros en Barcelona cayó un [...]
La ley permite además a los ayuntamientos autorizar, de forma temporal, alojamientos temporales en parcelas industriales vacantes en entornos urbanos consolidados. El objetivo declarado es dar respuesta a la movilidad laboral y aprovechar suelo infrautilizado. El objetivo real, que nadie oculta demasiado, es que el coliving —ese eufemismo para habitaciones compartidas a precio de piso entero— encuentre cobertura legal en la región.
Nada en los datos actuales apunta a una corrección. Los precios escalaron hasta un 17,4% interanual en mayo de 2026 con un precio medio que superó los 2.795 €/m², el mayor incremento en vivienda de segunda mano desde los tiempos de la burbuja. El Euríbor ronda el 2,8%, lo que permite encontrar hipotecas fijas desde el 2,10% TAE, pero ese alivio relativo en las condiciones financieras no compensa ni de lejos el ritmo al que suben los precios.
No hay moderación real. Hay agotamiento. El mercado no se ha calmado porque los propietarios hayan recapacitado ni porque los gobiernos autonómicos y municipales hayan articulado alguna respuesta coherente. Se ha frenado levemente porque el límite lo están poniendo los bolsillos vacíos de quienes alquilan.
Opinión sobre la situación del sector inmobiliario par los próximos meses, crecen las hipotecas sobre viviendas en marzo, plan con 4.700 millones en viviendas asequibles y rehabilitación, acabar con la tarifa eléctrica de 8 millones de españoles, las familias huyen del alquiler y empujan los precios, y el Supremo tumba el Registro ÚNnico para alquileres temporales, entre otras informaciones.
