La caída en la construcción de vivienda en España refleja un desequilibrio preocupante entre oferta y demanda que, de no corregirse, seguirá tensionando los precios y dificultando el acceso a la vivienda. La solución no pasa solo por invertir más, sino por planificar mejor, liberar suelo y agilizar los procesos que hoy frenan la entrega de nuevas viviendas
Sumar ha anunciado una nueva batería de medidas que llevará al Congreso con un objetivo claro: erradicar los desahucios y expropiar las viviendas vacías de bancos y fondos de inversión para destinarlas al parque público de vivienda.
Uno de los ejes centrales de la ley es el fomento del alquiler asequible. Los ayuntamientos podrán establecer bolsas de vivienda en alquiler mediante incentivos para propietarios con inmuebles vacíos que los ceden a la administración; a cambio recibirán garantías de cobro y mantenimiento mientras los inquilinos acceden a rentas reguladas.
Este sistema contará con la participación de administraciones públicas, organizaciones sociales, sindicatos, empresarios y entidades del tercer sector, configurando un modelo participativo y transparente.
El retraso no solo causa perjuicios económicos, sino también emocionales: hogares que no llegan a fin de mes, personas que han perdido su vivienda y otras que ya no pueden recurrir sus sentencias firmes. Todo por la inacción de un tribunal que debería garantizar justicia, no impunidad.
Un ciudadano necesita destinar el equivalente a 7,1 años de salario bruto medio para poder comprar una vivienda de tipo medio en el País Vasco, una cifra que sitúa a la comunidad entre las más caras de España. A ello se suma un alquiler cada vez más inaccesible, con precios que en algunos municipios superan los 13 euros por metro cuadrado, lo que limita la capacidad de emancipación de los jóvenes y obliga a muchas familias a buscar alternativas fuera de las capitales.
Con un incremento interanual del 6,5% y un valor medio de 3.450 €/m², el País Vasco se sitúa como la comunidad de la franja norte con la vivienda nueva más cara. El problema, más allá del crecimiento estadístico, reside en el efecto que está teniendo sobre la accesibilidad a la vivienda y en la creciente distancia entre los precios y los salarios medios de la población joven.
Mientras la mayoría de las agencias asumen correctamente los gastos de gestión y formalización, otras continúan trasladándolos a los inquilinos, obteniendo así una ventaja económica indebida. Esta disparidad genera un desequilibrio en el mercado y perjudica a las empresas que sí cumplen la normativa.
Los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal cayeron un 23,8% en el segundo trimestre del año, situándose en 487 procedimientos en toda España. Andalucía fue la comunidad con más casos (105), seguida de Cataluña (88) y la Comunidad Valenciana (50).
El primer semestre de 2025 presenta un patrón claro: los extranjeros residentes concentran el 60,9 % de las operaciones, con un crecimiento del 6,4 % interanual, mientras que los no residentes representan el 39,1 %, con un retroceso del -4,1 %. Esto indica que el dinamismo del mercado ahora se apoya más en quienes ya residen en España, lo que puede reflejar una estabilización del flujo internacional
