La resolución del Tribunal Supremo representa un avance decisivo en la protección del consumidor financiero. El hecho de que la prescripción ya no pueda alegarse automáticamente como obstáculo refuerza el derecho de los ciudadanos a recuperar lo indebidamente pagado por cláusulas abusivas.
La Comisión sostiene que la ley española choca con la “libertad de precios” de las compañías. Pero esa libertad, en manos de gigantes como Ryanair, ha servido para transformar los derechos del pasajero en extras opcionales. De seguir esta lógica, pronto podrían cobrarte por respirar aire a bordo o por mirar por la ventanilla.
Desde 2023, las llamadas comerciales no autorizadas están prohibidas en España, pero la ausencia de sanciones contundentes y los resquicios en la aplicación de la norma permiten que el problema siga creciendo. En la práctica, la situación actual no solo no mejora la experiencia de los usuarios, sino que multiplica su frustración: los consumidores se ven acosados por numeraciones distintas y el control se convierte en una tarea imposible.
Preocupación porque ante un entorno en el que Hacienda y otras administraciones buscan aumentar su capacidad de control, la desaparición o marginación del efectivo supondría entregar a los poderes públicos y privados un nivel de información sin precedentes
La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio del Olmo, ha sido clara al señalar que “el primer derecho de los ciudadanos, previo a tener una vivienda, es poder conocer ese mercado y tener información fidedigna del mismo”. Esta afirmación subraya la importancia de la información como condición previa al acceso a la vivienda.
La empresa sigue defendiendo sus derechos de propiedad, pero se enfrenta a una legislación que prioriza la protección del dominio público marítimo-terrestre
Imagina abrir tu cuenta bancaria y encontrarte con un ingreso que no esperabas. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Error. Ese dinero viene con una letra pequeña que podría convertir tu saldo en una bola de nieve de deudas. Los usuarios denuncian que Kviku ingresa cantidades que nunca solicitaron y, acto seguido, les envía contratos con intereses disparatados.
En el caso del diésel, Murcia se lleva la medalla de oro al disparate con esos 79 céntimos de diferencia por litro. Le siguen de cerca Lleida y Girona, con 76 céntimos, y Granada, que parece “moderada” con sus 65.
Hay una idea que todavía cuesta asimilar en ciertos ayuntamientos: los servicios públicos son para todos, no solo para los empadronados. La igualdad ante la ley no puede condicionarse al lugar donde votas o te empadronas, especialmente cuando se trata de servicios tan básicos como el deporte, la cultura o el acceso a instalaciones públicas.
Las aerolíneas han decidido que, en lugar de subir el precio de los billetes de forma clara, es más rentable engañar elegantemente al consumidor. Así, en lugar de pagar un precio justo y transparente, acabas desembolsando el doble entre tasas, selección de asiento, prioridad de embarque y ahora también… ¡por llevar un neceser!
