El caso de Elite Homes Real Estate no es solo un episodio lamentable, sino un ejemplo del daño reputacional que generan unos pocos sobre un sector entero. Los profesionales que trabajan cumpliendo las normas, que respetan a los inquilinos y entienden la función social de la vivienda, ven cómo su credibilidad se contamina por la conducta de quienes confunden el negocio con la extorsión.
El mercado inmobiliario español ya sufre bastante desconfianza social. Casos como este refuerzan la percepción de abuso y arbitrariedad, justo cuando más falta hace transparencia y ética. Quizás sea hora de que las sanciones sean proporcionales al beneficio obtenido y de que las autoridades actúen con la misma contundencia con la que los infractores amenazan por WhatsApp.
A veces, el ruido más alto en el mercado inmobiliario no lo hacen las excavadoras, sino los egos desbocados. Y en Sevilla, parece que algunos todavía no han entendido que la ley no se negocia, se cumple. Aunque no guste.