La urgencia del decreto se explica por un dato demoledor: este año vencen más de 630.000 contratos de alquiler firmados durante el periodo de contención de precios del covid. Según el Ministerio de Consumo, la renegociación de estos contratos podría implicar subidas de entre el 30% y el 50%, afectando a 1,6 millones de personas y suponiendo un sobrecoste medio de 1.735 euros por hogar.
El informe sitúa a España en el grupo de países donde el mercado del alquiler es más inaccesible, junto a Bulgaria, Irlanda, Polonia, Portugal y algunas regiones de Austria e Italia. En muchas zonas del país, alquilar un piso estándar de dos habitaciones exige destinar prácticamente todo el salario mensual de una persona joven, un escenario incompatible con una vida autónoma, estable y digna.
Hacienda defiende que esta medida mejora la transparencia y la equidad del sistema tributario, obligando a que todo el patrimonio inmobiliario contribuya de forma proporcional. Para millones de propietarios, sin embargo, supone un cambio profundo en la gestión de su patrimonio y una nueva variable a tener en cuenta en sus decisiones inmobiliarias.
Cerberus ha encargado a Deutsche Bank AG la intermediación para vender una cartera de 3.300 viviendas de alquiler, operación conocida internamente como Proyecto Gloria, según adelantó Bloomberg. El valor estimado del portfolio oscila entre 600 y 800 millones de euros, aunque fuentes del sector elevan la horquilla hasta 900 millones si la demanda acompaña.
La capital aragonesa ha consolidado una normativa que permite aliviar la falta de oferta residencial mientras revitaliza los barrios: la transformación de locales vacíos en hogares. Esta medida, que combina flexibilidad normativa con protección del tejido comercial tradicional, ofrece una alternativa real tanto para inversores particulares como para quienes buscan su primera vivienda en zonas consolidadas.
La nueva normativa establece una suspensión general de nuevos usos de hospedaje —hoteles, pensiones, albergues, apartamentos turísticos, viviendas de uso turístico y alquiler de habitaciones con fines turísticos— en barrios como Antiguo-Ondarreta, Ategorrieta-Ulia, Centro, Gros e Ibaeta, independientemente de la calificación urbanística de las parcelas.
La Generalitat defiende que el objetivo de la ley es reforzar la protección de la vivienda habitual, incrementar el parque de alquiler asequible y frenar prácticas especulativas en zonas de mercado residencial tensionado, especialmente en ciudades como Barcelona, donde el alquiler temporal se había convertido en una fórmula habitual para sortear la contención de rentas.
Uno de los datos más reveladores del informe es la tensión de precios en las grandes capitales, epicentros de la demanda y el empleo. La Comunidad de Madrid se sitúa en el ojo del huracán con un incremento interanual del 18,4%, superando ampliamente la media nacional.
Las fianzas que ciudadanos y empresas entregan al formalizar el alquiler de una vivienda dejarán de depositarse de forma oficial en la Junta de Andalucía. Con la entrada en vigor de la nueva Ley andaluza de vivienda, la administración autonómica se desprende de esta responsabilidad, modificando una dinámica que llevaba más de una década vigente a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).
El objetivo es actuar especialmente en las zonas más tensionadas, donde la oferta es limitada y los precios han sido más afectados por la burbuja inmobiliaria. Según Iglesias, esta acción permitirá equilibrar los precios de manera gradual, ofreciendo alternativas asequibles para los hogares sin depender de la especulación.
