El Gobierno se ha lanzado a conseguir las necesarias dotaciones de vivienda social, prometiendo Sánchez que pondrá 100.000 viviendas de este tipo en el mercado. La liberación de la operación Campamento, que impulsará en Madrid un número aproximado de 12.000 viviendas, siendo el 60% vivienda protegida pública y el 40% de vivienda libre
El estudio de EY recomienda aumentar el parque de viviendas disponibles, lo que resulta obvio, pero vuelve a la intentar poner el foco en las medidas que no funcionan, incentivos fiscales para la construcción, también para la compra de vivienda y poner en el mercado alquileres precarios, compartidos o en zulos, aunque los llaman alternativos al alquiler tradicional.
La asociación considera que no es solo un problema de los inmuebles gestionados por estas empresas, sino que se trata de algo endémico que ocurre en toda la Comunidad ante la pasividad del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso a la hora de aplicar leyes que protejan a los usuarios y ayudas destinadas a las personas con menos recursos.
Otro dato a tener en cuenta y que puede afectar aún más a las personas que viven de alquiler es la solidez del mercado inmobiliario, transformado en una valor refugio frente a la inflación y con un exceso de demanda por la previsible subida de los tipos de interés en julio.
Según Savills, el interés inversor en los mercados de Madrid y Barcelona sigue creciendo y ya se han cerrado operaciones a nivel nacional por valor de alrededor de 600 millones de euros entre enero y marzo, esperando que el año pueda cerrarse en torno a los 3.500 millones de euros de inversión.
De esta forma se intenta facilitar la emancipación y el acceso a una vivienda o habitación en régimen de alquiler a los más jóvenes. Hay que recordar que nuestro país se encuentra a la cola de Europa en la emancipación de la juventud.
Aunque la ley contempla que arrendador y arrendatario pueden llegar al acuerdo de actualización que consideren conveniente, la mayor parte de los contratos hechos desde el 2015 van referenciados al IPC. Y sólo podrán subir las rentas si así lo contempla el documento contractual y se lo avisan al inquilino.
La Ley de Arrendamientos Urbanos regula el modo de actualización de la renta y, al haber sido modificada en varias ocasiones, es necesario tener en cuenta la fecha de celebración del contrato para así acudir al régimen aplicable en cada caso.
Hay una dispersión importante de la rentabilidad en el espacio, aunque la característica general es que la rentabilidad es mayor en vivienda usada que en la nueva pues aunque en ésta los alquileres son más altos, el precio de la vivienda nueva ha crecido significativamente, por lo que la rentabilidad es más baja.
El arrendatario del inmueble pedía a los inquilinos la cantidad de 1.200 euros al mes cuando el anterior contrato era de 950 euros. De esta forma incumplía la norma que fija la congelación de los precios para los inmuebles en los que había existido un contrato en los últimos cinco años.
