Las fianzas que ciudadanos y empresas entregan al formalizar el alquiler de una vivienda dejarán de depositarse de forma oficial en la Junta de Andalucía. Con la entrada en vigor de la nueva Ley andaluza de vivienda, la administración autonómica se desprende de esta responsabilidad, modificando una dinámica que llevaba más de una década vigente a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).
El objetivo es actuar especialmente en las zonas más tensionadas, donde la oferta es limitada y los precios han sido más afectados por la burbuja inmobiliaria. Según Iglesias, esta acción permitirá equilibrar los precios de manera gradual, ofreciendo alternativas asequibles para los hogares sin depender de la especulación.
La transformación de oficinas en viviendas no es una medida aislada, sino que forma parte del Plan Reside, aprobado este año por el Ayuntamiento de Madrid. Este plan tiene como uno de sus objetivos principales paliar los efectos de los pisos turísticos, endureciendo su regulación, y al mismo tiempo favorecer la creación de vivienda en el centro de la ciudad, donde la oferta residencial es cada vez más limitada.
Según la estadística oficial, entre el cuarto trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025 se han iniciado 23.179 viviendas protegidas, frente a 115.755 viviendas libres. Este reparto confirma un mayor protagonismo de la vivienda protegida dentro del conjunto de la promoción residencial, consolidando una tendencia que el Ejecutivo viene destacando desde hace dos años.
Según la demanda de la asociación, el contenido real del convenio firmado en mayo de 2025 revela un propósito que va más allá de la orientación: el soporte activo a las comunidades de propietarios para incluir en sus estatutos la prohibición de viviendas turísticas. Apartur sostiene que este enfoque supone una actuación política y jurídica que vulnera la seguridad jurídica y afecta directamente a licencias concedidas bajo el amparo de la ley desde 2012.
Una de las grandes novedades de CASA 47 es la estabilidad del contrato, que puede alcanzar una duración de hasta 75 años, mediante un alquiler inicial de 14 años y prórrogas automáticas de 7 años, siempre que se mantengan las condiciones de la unidad de convivencia.
La norma introduce por primera vez una regulación específica del alquiler por habitaciones, una modalidad cada vez más extendida en las grandes ciudades y que, hasta ahora, operaba en muchos casos al margen de los límites legales de precio.
Además de la sanción económica, la decisión incluye dos sanciones accesorias que obligan a Airbnb a retirar los contenidos ilícitos detectados y a hacer pública la multa impuesta, una medida poco habitual que subraya la gravedad de los hechos.
CASA 47 asumirá las funciones de una gran promotora estatal, encargada no solo de levantar nuevas promociones, sino también de gestionar directamente los alquileres, su mantenimiento y la adjudicación transparente de los inmuebles. Con ello, el Gobierno busca poner fin a la fragmentación que históricamente ha limitado la eficiencia del parque público.
Aunque el propietario es, ante el Ayuntamiento, el obligado tributario, la repercusión al inquilino es perfectamente legal si aparece pactada en el contrato. Y esto aplica incluso a los arrendamientos anteriores a 2025 que ya incluían una previsión genérica sobre tasas, aunque no existiera aún la nueva tasa municipal de basuras.
