La cifra de 654 expedientes en tramitación funciona como recordatorio de que, más allá del ruido mediático y los anuncios puntuales, el incumplimiento de la Ley de Vivienda por parte de grandes tenedores no es un fenómeno marginal, sino una práctica extendida que la Generalitat empieza a perseguir con multas de verdad.
El comprador o inquilino que hoy pone rumbo al norte se encontrará con precios superiores a los de hace unos años, aunque todavía existen oportunidades en zonas con mayor recorrido y en municipios menos tensionados. Pero la tendencia es clara: mientras las temperaturas extremas sigan castigando el sur peninsular cada verano, la cornisa cantábrica seguirá ganando adeptos, y con ellos, precios que ya empiezan a rivalizar con los de las costas tradicionalmente más caras del país.
Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en mayo de 2026 había 341.001 viviendas turísticas anunciadas en plataformas digitales en España, frente a las 381.837 contabilizadas en el mismo mes de 2025. La diferencia: 40.836 inmuebles menos, lo que supone una contracción interanual del 10,7%, la segunda más intensa desde que el organismo comenzó a recopilar esta estadística experimental.
El PP balear, que durante años defendió la libertad de mercado y miró hacia otro lado mientras el alquiler turístico se comía la vivienda residencial de las islas, ahora gobierna y los problemas le llegan de frente. Y resulta que cuando eres tú quien tiene que cuadrar la oferta de vivienda para los residentes, la retórica liberal se vuelve bastante más difícil de sostener.
Uno de los puntos que el Ministerio presenta como avance es el blindaje de la protección permanente de todas las viviendas construidas con fondos del Plan, es decir, que no puedan acabar, pasados unos años, vendiéndose en el mercado libre como ha ocurrido históricamente con buena parte del parque protegido español. La intención es buena y la necesidad, evidente: descalificar vivienda protegida ha sido durante décadas la fuga de agua de cualquier política de vivienda asequible.
En marzo de 2026, el Gobierno intentó imponer un nuevo tope del 2% al incremento de las rentas, ante el impacto del conflicto en Oriente Medio. El Real Decreto-ley también incluía una prórroga automática de dos años para los contratos vigentes. Sin embargo, el texto decayó en el Congreso a finales de abril por los votos en contra del PP, Vox y Junts, y apenas estuvo un mes en vigor. Por tanto, las actualizaciones de renta que no se hayan producido en ese breve periodo se rigen de nuevo por los índices habituales.
La compraventa de edificios enteros en Barcelona cayó un [...]
La ley permite además a los ayuntamientos autorizar, de forma temporal, alojamientos temporales en parcelas industriales vacantes en entornos urbanos consolidados. El objetivo declarado es dar respuesta a la movilidad laboral y aprovechar suelo infrautilizado. El objetivo real, que nadie oculta demasiado, es que el coliving —ese eufemismo para habitaciones compartidas a precio de piso entero— encuentre cobertura legal en la región.
No hay moderación real. Hay agotamiento. El mercado no se ha calmado porque los propietarios hayan recapacitado ni porque los gobiernos autonómicos y municipales hayan articulado alguna respuesta coherente. Se ha frenado levemente porque el límite lo están poniendo los bolsillos vacíos de quienes alquilan.
Lo que Asturias está articulando con la LOITA es, en el fondo, una reordenación de prioridades: el derecho constitucional a la vivienda por encima del derecho a maximizar el rendimiento económico de un activo inmobiliario. No es una postura nueva en el debate político español, pero sí es una de las traducciones legislativas más completas que se están viendo a nivel autonómico.
