Se trata del segundo caso en el que el Ayuntamiento sanciona por discriminación en el acceso a la vivienda por razón de origen, aunque el primero fue por el anuncio de un piso que se ofrecía solo para personas españolas.
Coincidiendo con la sentencia en su contra, la plataforma de alojamiento ha indicado que es obligatorio que los propietarios de París demuestren que sus apartamentos han sido registrados en el ayuntamiento. Además, Airbnb afirmó que ya lo había hecho obligatorio desde el 1 de abril para todos los nuevos anuncios lanzados en la capital y desde este jueves esa obligación se extiende a todos los propietarios que pongan a disposición toda su casa. En caso contrario, desactivará esos anuncios.
Para terminar de complicar la situación, sobre todo para los que están haciendo la Ley desde el PSOE, que ven debilitarse sus argumentos, han comenzado a llegar algunas informaciones de lo que está sucediendo en Cataluña con la regulación de los precios del alquiler. Las rentas bajan en los 61 municipios donde hay regulación y suben en el resto. Además se están firmando más nuevos contratos de arrendamiento. Es decir, se están consiguiendo los objetivos buscados.
Madrid y Barcelona son las zonas con mayor número de viviendas turísticas. Ambas ciudades concentran el 10,2% del total. En relación a agosto de 2020, el número de estas unidades ha bajado un 14,8% en Barcelona y un 10,0% en Madrid. Este menor descenso relativo sitúa a la capital como la urbe con más viviendas turísticas de España.
El crecimiento descontrolado de la vivienda turística genera graves perjuicios en las zonas en las que se implanta, al provocar el encarecimiento del alquiler, la expulsión de los barrios a sus habitantes tradicionales y el deterioro de la convivencia de los vecinos.
Las 32 multas impuestas por el Ayuntamiento de Barcelona se dirigen a plataformas de anuncios de vivienda y a sus administradores, junto con agencias inmobiliarias, por no incluir el índice de referencia de precio de alquiler, tal como marca la ley que regula los alquileres de la Generalitat. El monto total de las sanciones propuestas asciende a 96.000 euros.
Teniendo en cuenta los datos publicados por la consultora y tasadora Gesvalt, el precio de la vivienda en la Comunidad de Madrid ha aumentado un 1% en el primer trimestre de 2021 con respecto al mismo periodo del año anterior. De esta manera estaríamos ante la primera subida tras tres trimestres de bajadas en 2020.
Las iniciativas inmobiliarias y la inversión en el sector de los apartamentos turísticos han sido el motor para estimular el desarrollo y rehabilitación de zonas del casco histórico tradicionalmente degradadas, a la vez que la generadora de una oferta complementaria para un perfil de usuario que huye de los establecimientos clásicos
Al final el problema de la escasa o casi nula vivienda social de que disponemos en este país se va a ir parcheando gracias al dinero público del que se van a beneficiar los grandes tenedores de vivienda, entre ellos la Sareb. Se quedaron con los pisos por los anteriores desahucios, y ahora se los van a arreglar con dinero público y cobrarán por ellos el tiempo que estén alquilados.
La mayor regulación y titulación de los intermediadores inmobiliarios siempre ha sido una medida solicitada por los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIS) para evitar el intrusismo y proporcionar a los consumidores una mayor profesionalidad. Ahora también FACUA-Consumidores en Acción reclama un mayor control y regulación.
