A pesar de las evidencias que respaldan la eficacia de la regulación de los alquileres en zonas tensionadas, algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como Madrid, muestran resistencia a implementar estas medidas. Argumentan que la intervención en el mercado puede tener efectos adversos, como la disminución de la oferta de viviendas en alquiler y la desincentivación de la inversión inmobiliaria
Para los contratos de alquiler firmados antes de la entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda en mayo de 2023, la actualización de la renta anual se rige por lo pactado entre las partes en el contrato. Generalmente, estos contratos establecen la actualización de la renta basada en el Índice de Precios al Consumo (IPC) o el Índice de Garantía de Competitividad (IGC).
A pesar de la reducción en los precios, se ha observado una disminución significativa en la oferta de viviendas en alquiler tradicional. Según datos del Observatorio del Alquiler, en el último año, la disponibilidad de pisos en alquiler en Cataluña se redujo en 39.785 viviendas, lo que representa una caída del 25,7%, situando la oferta en 114.878 pisos.
Aunque las cifras oficiales indican que la oferta de viviendas en alquiler ha crecido en 2024 respecto a 2023, el tipo de oferta ha cambiado y la vivienda asequible sigue siendo un problema.
La propuesta de ley, impulsada por el Parlament catalán, pedía al Congreso la cesión del 80% de las viviendas de la Sareb en municipios con alta demanda acreditada. El objetivo era que la Generalitat las pudiera transferir a ayuntamientos y consorcios locales para destinarlas a vivienda social, en un intento por ampliar la oferta pública de vivienda en la región
Muchas familias se ven obligadas a destinar una parte importante de sus ingresos a la calefacción o el aire acondicionado, algo insostenible en un contexto de crisis económica. Un reciente sondeo de la CECU revela que el 36,8% de los encuestados ha visto afectada su salud por la falta de eficiencia energética en sus viviendas
Para facilitar la implementación de esta nueva posibilidad, el Ayuntamiento de Barcelona, a través del Instituto Municipal de la Vivienda de Barcelona (IMHB), lanzará una convocatoria de subvenciones. El dinero se destinará a financiar la creación y modificación de estatutos comunitarios, permitiendo que los vecinos regulen mejor los usos de las viviendas.
El Govern ha anunciado la creación de un cuerpo de 175 inspectores dedicados a vigilar el cumplimiento de la normativa de vivienda y detectar infracciones. Su principal función será controlar si los propietarios informan correctamente sobre el estado de sus viviendas (alquiladas o vacías).
Una de las claves de esta estrategia es la creación de la nueva empresa pública de vivienda, que parte de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). Su misión es clara: gestionar de manera integral la construcción, urbanización, promoción y gestión de vivienda pública, garantizando que estos inmuebles permanezcan siempre en el sector público.
Según las investigaciones de Consumo, grandes gestoras de pisos turísticos estarían haciéndose pasar por particulares para generar confianza en los inquilinos y eludir regulaciones más estrictas.
