Con esta actualización, el sistema estatal que sirve como referencia para fijar los límites del precio del alquiler en las zonas declaradas como Zonas de Mercado Residencial Tensionado ya cuenta con información detallada de todas las provincias españolas,
Bustinduy y la vicepresidenta Yolanda Díaz han llamado públicamente a los inquilinos a solicitar la prórroga cuanto antes, sin esperar a la votación parlamentaria, conscientes de que si el decreto cae, quienes no la hayan pedido mientras estaba en vigor habrán perdido la ventana. Desde el lado contrario, voces del sector inmobiliario y medios afines llevan días insistiendo en que los propietarios no tienen por qué temer consecuencias si esperan a ver qué decide el Congreso.
La prórroga entra en vigor en el momento en que el arrendador recibe la solicitud. No es necesario esperar a que finalice el contrato, ya que la solicitud ya deja constancia de la voluntad del inquilino de acogerse a la prórroga extraordinaria.
El resultado de la política de vivienda que se ha realizado en las tres últimas décadas es el que estamos viendo: alquilar es más caro que comprar, pero nadie puede comprar porque no puede ahorrar, el resumen perfecto de uno de los mayores fracasos de la política de vivienda en España en las últimas décadas.
Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los contratos que deban revisar su renta tomando como referencia este indicador podrán hacerlo con una subida del 2,16%, lo que supone dos centésimas más que el 2,14% registrado en enero. Con ello, el índice retoma la senda ascendente después de haber registrado en el primer mes del año su primera caída en siete meses.
La iniciativa aspira a movilizar hasta 4.500 millones de euros, sumando tanto la inversión en capital de los vehículos financieros como la financiación adicional asociada a los proyectos.
Si los plazos administrativos se desarrollan según lo previsto, las primeras obras podrían iniciarse en 2028. Teniendo en cuenta que el plazo estimado de construcción ronda los 18 meses, las primeras entregas de viviendas se situarían entre 2029 y 2030.
El procedimiento de selección se realizará mediante un concurso público, lo que permitirá evaluar cada propuesta de forma individualizada y con criterios técnicos objetivos. Entre los factores que se tendrán especialmente en cuenta destacan la localización de las viviendas, su adecuación urbanística, su estado de conservación y su adaptación a las necesidades del mercado residencial.
El estudio señala que alrededor del 20% de los inquilinos llega a dedicar hasta un 40% de sus ingresos al pago del alquiler, mientras que otro 14% destina entre el 40% y el 50%. Incluso existe un porcentaje significativo de hogares que supera la mitad de sus ingresos mensuales en el pago de la renta.
Esta posición conecta con una tendencia creciente en distintos ayuntamientos españoles: priorizar el derecho a la vivienda frente a la rentabilidad del uso turístico, incluso en gobiernos que no se identifican con políticas intervencionistas. En el caso de Badalona, el alcalde ha vinculado la decisión a su concepto de “badalonisme”, es decir, a actuar en función de lo que considera mejor para la ciudad, al margen de etiquetas partidistas.
