El reparto entre alquiler social y asequible tendrá que lidiar, además, con la heterogeneidad de un parque que arrastra más de una década de historia. Entre los activos de la Sareb en Baleares hay viviendas sin cédula de habitabilidad, inmuebles ocupados, pisos con inquilinos ya instalados y hasta promociones que quedaron a medio construir cuando estalló la crisis.
Esta actuación no viaja sola. Forma parte del IX Plan de Control e Inspección en materia de vivienda 2025-2026, que además de las viviendas deshabitadas incluye ejes dedicados a la promoción y edificación, la rehabilitación protegida, la adjudicación y transmisión de vivienda protegida, el registro de contratos de arrendamiento y el registro de grandes tenedores. Es, en definitiva, un esfuerzo por poner orden e información donde antes había opacidad, revisando desde el cumplimiento normativo en construcción hasta las condiciones reales de los alquileres protegidos.
La Comunidad Valenciana concentra el mayor número de viviendas ofertadas, con superficies que van de los 30 a los 160 metros cuadrados y rentas mensuales de entre 350 y 1.066 euros, dependiendo del municipio. La renta media por metro cuadrado se sitúa en 6,43 euros en Castellón y Alicante, mientras que en Valencia capital el precio medio sube hasta los 7,07 euros por metro cuadrado.
El Consejo General ha aprobado la activación del nuevo instrumento de financiación para vivienda asequible en alquiler, que movilizará una capacidad financiera de 12.150 millones de euros. La lógica del instrumento es acompañar los proyectos durante todo su ciclo de vida: desde la promoción y construcción hasta la explotación en alquiler a largo plazo, evitando así los habituales cuellos de botella que se producen cuando la financiación cambia de manos entre fases.
El Govern presenta una proposición de ley que busca reconvertir edificios de uso terciario en viviendas protegidas sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico vigente en cada municipio. La norma se aplicará con carácter temporal y excepcional, y estará dirigida a los municipios declarados zona de mercado residencial tensionado.
Solo en el mes de junio de este año, más de mil personas fallecieron en España por causas vinculadas a las altas temperaturas, según los datos del sistema de monitorización de la mortalidad diaria. Y no se trata de un episodio aislado: en el verano de 2022, uno de los más cálidos que se recuerdan en Europa, se contabilizaron más de sesenta mil muertes relacionadas con el calor en todo el continente.
El éxito del 047 en su primer semestre de funcionamiento plantea una reflexión que va más allá de los números: la de si un modelo de estas características no debería replicarse, o al menos coordinarse, a nivel autonómico y municipal.
Las viviendas se adjudican a hogares con ingresos ponderados de hasta 7,5 veces el IPREM, lo que se traduce en un tope de unos 92.000 euros brutos anuales para una unidad familiar de cuatro miembros, una cifra que en Madrid puede sorprender por lo elevada, pero que responde a la intención de cubrir a esas rentas medias que ni acceden a la vivienda social ni pueden asumir los precios de mercado libre.
La administración asegura que los propietarios cobrarán las rentas la primera semana de cada mes, se hará cargo del mantenimiento de la vivienda y de las reparaciones menores, y liberará al propietario de tener que lidiar con incidencias durante todo el periodo.
El Pleno insiste en que no cabe una regla absoluta: todo depende de la legitimidad de la posesión. Un cónyuge en litigio de familia, un inquilino con un contrato discutido o cualquiera con un título precario pero existente no es equiparable a quien ha entrado en una vivienda sin derecho alguno. Por eso los inquiokupas —inquilinos que dejan de pagar pero conservan un contrato de arrendamiento— quedan fuera del alcance de esta doctrina liberadora para los propietarios
