A partir de ahora, bastará con poseer cinco viviendas en territorio catalán, estén o no en un municipio declarado zona de mercado residencial tensionado, para caer bajo esa etiqueta. La consecuencia inmediata es que se amplía el número de propietarios sujetos a obligaciones como el ofrecimiento de alquiler social antes de poder ejecutar un desahucio por impago.
El paquete que negocia el Ejecutivo con los independentistas catalanes va mucho más allá de la prórroga de alquileres. Incluye una regulación más restrictiva de los arrendamientos de temporada y por habitaciones, un incremento del IVA a los pisos turísticos, y los ya polémicos incentivos fiscales tanto para propietarios como para inquilinos.
Entre las medidas más relevantes destaca la subida del IVA de los pisos turísticos, que pasaría del 10% al 21%, equiparando su fiscalidad a la de otros servicios de alojamiento. También se contempla recuperar la moratoria de alquileres, así como la limitación a la actualización de las rentas, dos medidas que ya se habían aplicado en el pasado y que ahora podrían volver a activarse de forma temporal.
Las plataformas encargadas de gestionar los activos de Sareb han asumido una doble misión: por un lado, vender los cerca de 5.800 pisos que permanecerán todavía bajo el paraguas del banco malo; por otro, preparar los 40.000 inmuebles que pasarán a la entidad pública. De esa cifra, unas 3.000 viviendas están ocupadas sin título legal y constituyen la prioridad inmediata.
Cada vez son más los propietarios que recurren a una artimaña tan extendida como injusta: disfrazar un alquiler de vivienda habitual como si fuera un contrato de temporada, con una duración inferior a los doce meses, para esquivar la protección que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) reconoce al inquilino.
La cifra de 654 expedientes en tramitación funciona como recordatorio de que, más allá del ruido mediático y los anuncios puntuales, el incumplimiento de la Ley de Vivienda por parte de grandes tenedores no es un fenómeno marginal, sino una práctica extendida que la Generalitat empieza a perseguir con multas de verdad.
El comprador o inquilino que hoy pone rumbo al norte se encontrará con precios superiores a los de hace unos años, aunque todavía existen oportunidades en zonas con mayor recorrido y en municipios menos tensionados. Pero la tendencia es clara: mientras las temperaturas extremas sigan castigando el sur peninsular cada verano, la cornisa cantábrica seguirá ganando adeptos, y con ellos, precios que ya empiezan a rivalizar con los de las costas tradicionalmente más caras del país.
Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en mayo de 2026 había 341.001 viviendas turísticas anunciadas en plataformas digitales en España, frente a las 381.837 contabilizadas en el mismo mes de 2025. La diferencia: 40.836 inmuebles menos, lo que supone una contracción interanual del 10,7%, la segunda más intensa desde que el organismo comenzó a recopilar esta estadística experimental.
El PP balear, que durante años defendió la libertad de mercado y miró hacia otro lado mientras el alquiler turístico se comía la vivienda residencial de las islas, ahora gobierna y los problemas le llegan de frente. Y resulta que cuando eres tú quien tiene que cuadrar la oferta de vivienda para los residentes, la retórica liberal se vuelve bastante más difícil de sostener.
Uno de los puntos que el Ministerio presenta como avance es el blindaje de la protección permanente de todas las viviendas construidas con fondos del Plan, es decir, que no puedan acabar, pasados unos años, vendiéndose en el mercado libre como ha ocurrido históricamente con buena parte del parque protegido español. La intención es buena y la necesidad, evidente: descalificar vivienda protegida ha sido durante décadas la fuga de agua de cualquier política de vivienda asequible.
