El impacto práctico es evidente. Aunque la venta se formalice en bloque, cada finca debe individualizarse y asignársele un precio concreto por razones fiscales y registrales. Esto abre la puerta a que el inquilino ejerza el retracto tomando como referencia ese valor individualizado, que en muchas ocasiones es inferior al precio de mercado al formar parte de una operación global.
Si la inflación se mantiene en niveles similares o repunta ligeramente, es previsible que el IRAV continúe situándose por debajo, prolongando la depreciación real de las rentas. Este escenario coincide con la intención del Gobierno de introducir cambios en el IRPF para beneficiar fiscalmente a los propietarios que no incrementen los alquileres, en un intento de incentivar la moderación sin imponer nuevos límites directos.
El retroceso no ha sido homogéneo. La Comunidad Valenciana lidera la caída en términos absolutos, con más de 16.000 viviendas turísticas menos y un descenso superior al 25%. Cataluña, Madrid, Baleares y Galicia también registran recortes de doble dígito. En términos relativos, destaca Murcia, con desplomes superiores al 30%.
El decreto establece que todas las viviendas turísticas deberán incluir su número de signatura del Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado, así como su localización exacta, en cualquier publicidad o plataforma digital. Esta medida busca combatir la oferta ilegal y facilitar la labor inspectora. La transparencia registral es clave en un mercado donde, según datos del Ministerio de Vivienda, miles de anuncios en España operan al margen de la normativa
El Gobierno traslada ahora la responsabilidad de buscar una alternativa habitacional a los servicios sociales autonómicos, una tarea que, como reconocen las propias administraciones, rara vez puede resolverse con rapidez por la escasez estructural de vivienda pública.
La declaración de zonas tensionadas entró en vigor el 30 de julio y, desde entonces, el mercado ha mostrado una corrección de precios sin efectos colaterales graves. Eso no significa que el problema esté resuelto. Navarra también registra un aumento de los contratos de alquiler de temporada, que ya representan el 11% del total, frente al 4% del año anterior.
Por territorios, Andalucía encabeza la lista de comunidades con más solicitudes rechazadas, con 21.872 viviendas, seguida de la Comunidad Valenciana (14.387) y Canarias (13.726). Madrid ocupa una posición destacada no solo por volumen, sino por concentración urbana: es la ciudad con mayor número de denegaciones, con 5.344 anuncios irregulares, por delante de Barcelona (5.005) y Málaga (2.993).
Vigo prohíbe expresamente el uso turístico en viviendas protegidas y en aquellas que hayan sido reformadas o rehabilitadas con subvenciones públicas, reforzando así la idea de que la inversión pública debe destinarse prioritariamente a vivienda residencial permanente.
Los datos oficiales de la Comunidad Foral de Navarra, muestran que durante los seis primeros meses tras la declaración de 21 municipios como zonas de mercado tensionado, los precios del alquiler se han contenido un 8,6 %, mientras que la oferta se ha mantenido estable.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que regula una cobertura frente a impagos de rentas, daños en la vivienda y suministros debidos, aplicable únicamente a contratos de alquiler dirigidos a jóvenes y personas vulnerables vigentes a 30 de enero de 2025.
