El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al Estado a indemnizar a un abogado zaragozano al que el Ayuntamiento de Jaca, en Huesca, cobró más de 2.500 euros del impuesto de plusvalía por la venta de una vivienda en la que, debido a la bajada de precio real del domicilio, perdió dinero.
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado que durante el mes de octubre se han inscrito en los registros de la propiedad un 5,1% menos de fincas que en el mismo mes del año anterior. Por su parte, las compraventas de viviendas inscritas disminuyen un 1,5% respecto a octubre de 2018. El número de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) en el mes de octubre es de 168.572, lo que supone un 5,1% menos que en el mismo mes de 2018.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha fallado a favor de la Generalitat y ha determinado que la plataforma de homesharing Airbnb debe cumplir la normativa catalana y dejar de anunciar en su portal los pisos que no consten de número de inscripción en el Registro de Catalunya, lo que acredita su legalidad como vivienda turística.
El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la venta de casi 3.000 viviendas públicas del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) realizada en 2013 al fondo de inversión Goldman Sachs Azora por 201 millones de euros. La decisión del Tribunal Supremo llega tras decretar la inadmisión de los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y Azora Gestión SL a la sentencia emitida en septiembre por la Sección Octava de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que decretó la nulidad de esta operación. Ahora llega la vuelta de las viviendas a la titularidad pública y el resarcimiento de los daños causados en forma de centenares de desahucios.
Ya ha pasado el tiempo de controlar el sistema con reformas, es un cambio radical e internacional en la legislación el que se necesita. Y el primero de ellos pasa por la eliminación de todos los paraísos fiscales que es el lugar de residencia del problema y cuya su existencia consigue que los trabajadores y las clases medias y populares sustenten el peso del sistema fiscal del estado español, librando a las grandes empresas y entidades creadoras de la deuda y únicas beneficiadas.
El Índice Registral de Actividad Inmobiliaria (IRAI) señala una clara desaceleración del 1,7% en el tercer trimestre del año en su primera caída desde el año 2014. Teniendo como base el año 2003 (100%) el valor del índice se sitúa en el 106% proporcionando lecturas similares a las del año 2004.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha salido al paso de los rumores que desde hace unos días hablan de un abandono de sus posturas más duras en el control de los precios de alquiler. Y ha dejado claro que su formación defenderá la regulación del mercado de los alquileres para "limitar" los precios "abusivos", así como la actualización de las pensiones al IPC.
El Instituto Nacional de la Vivienda (INE) confirma la mejoría general que se está produciendo este mes de noviembre y publica que el precio de la vivienda en España subió un 4,7% interanual en el tercer trimestre, de 2019 situándose 6 décimas por debajo del incremento registrado en el mismo periodo del año anterior y alcanzando el aumento más leve desde el cuarto trimestre de 2016.
El precio medio de la vivienda nueva y usada en España consolida la tendencia de estabilización que ha caracterizado el año 2019. El índice general (1.530 puntos) acumula tres meses consecutivos sin apenas variación y se mantiene un 3,7% por encima del nivel de noviembre de 2018, según la estadística Tinsa IMIE General y Grandes Mercados de noviembre.
Desde que el pasado día 14 de noviembre el PSOE y Unidas Podemos alcanzaran un pacto para la formación de un futuro Gobierno, raro es el día en que desde distintos ámbitos sociales o económicos no se asegure que estamos abocados al desastre. Y el mercado inmobiliario es uno de los más alarmistas.
