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Con el declarado objetivo de impulsar el sector inmobiliario, el Gobierno de Aznar promulgó el Real Decreto 4/2000 que abrió las puertas a que cualquier persona pudiera dedicarse a la intermediación inmobiliaria. A partir de aquel momento ya no hizo falta ni titulación previa, ni disponer de un domicilio social, suscribirse a ningún seguro de responsabilidad civil o contar con póliza alguna de caución. Y los abusos a los consumidores comenzaron a menudear como las sombrillas en agosto, había dinero fácil.