Según la estadística oficial, entre el cuarto trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025 se han iniciado 23.179 viviendas protegidas, frente a 115.755 viviendas libres. Este reparto confirma un mayor protagonismo de la vivienda protegida dentro del conjunto de la promoción residencial, consolidando una tendencia que el Ejecutivo viene destacando desde hace dos años.
La Sentencia núm. 1745/2025, dictada por la Sala Primera de lo Civil el 1 de diciembre de 2025, consolida una interpretación favorable a la movilidad eléctrica y limita la capacidad de las comunidades para bloquear este tipo de instalaciones, reforzando la seguridad jurídica de los propietarios.
En la actualidad, la Unión Europea dispone de 43.000 millones de euros dentro del presupuesto comunitario para inversiones en vivienda. A esta cifra se suman 19.600 millones procedentes del Plan de Recuperación tras la pandemia, 10.400 millones de los fondos de Cohesión, 7.000 millones movilizados mediante InvestEU, 138 millones del programa LIFE y 540 millones del programa de investigación Horizon.
Según la demanda de la asociación, el contenido real del convenio firmado en mayo de 2025 revela un propósito que va más allá de la orientación: el soporte activo a las comunidades de propietarios para incluir en sus estatutos la prohibición de viviendas turísticas. Apartur sostiene que este enfoque supone una actuación política y jurídica que vulnera la seguridad jurídica y afecta directamente a licencias concedidas bajo el amparo de la ley desde 2012.
Una de las grandes novedades de CASA 47 es la estabilidad del contrato, que puede alcanzar una duración de hasta 75 años, mediante un alquiler inicial de 14 años y prórrogas automáticas de 7 años, siempre que se mantengan las condiciones de la unidad de convivencia.
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Se trata de una norma pionera a nivel estatal, no solo por su contenido normativo, sino por el enfoque desde el que se construye: reconocer la vivienda como un derecho subjetivo y como un determinante directo de la salud. Una visión que conecta de forma directa con los debates actuales sobre falta de vivienda, desigualdad social, consumo, acceso al alquiler y deterioro del parque público, cuestiones centrales en el análisis del sector inmobiliario.
La norma introduce por primera vez una regulación específica del alquiler por habitaciones, una modalidad cada vez más extendida en las grandes ciudades y que, hasta ahora, operaba en muchos casos al margen de los límites legales de precio.
En la última década, los precios de la vivienda han subido más de un 60% en la UE, mientras que los alquileres lo han hecho por encima del 20%, generando una brecha cada vez mayor entre salarios y coste residencial. Esta realidad ha convertido la vivienda en uno de los grandes ejes del debate político europeo.
El sindicato considera que el marco jurídico y las políticas públicas actuales no garantizan el derecho a la vivienda, especialmente para los colectivos más vulnerables, en un contexto marcado por el encarecimiento de los alquileres, la falta de vivienda social, la presión hipotecaria y la pérdida de poder adquisitivo ligada al consumo.
