El sector del alquiler necesita un equilibrio que devuelva la confianza. Los propietarios deben respetar la ley y los inquilinos deben conocer sus derechos. Y las agencias inmobiliarias, como intermediarias, tienen la obligación de actuar con profesionalidad y transparencia, sin cargar al arrendatario gastos que no le corresponden.
La nueva ley define la sostenibilidad como la garantía de una adecuada calidad de vida para las generaciones presentes y futuras, defiende un territorio habitable y equilibrado y pone freno a la gentrificación y la turistificación, que expulsa a los residentes y erosiona el pequeño comercio
El esfuerzo necesario para acceder a una vivienda en Asturias sigue siendo de los más bajos de España, muy por debajo de la media nacional (7,6 años). Este dato pone de relieve que, aunque el precio de la vivienda nueva ha aumentado, el poder adquisitivo relativo de los asturianos y el nivel moderado de precios mantienen al Principado como una de las regiones más accesibles para la compra de vivienda.
El caso de Elite Homes Real Estate no es solo un episodio lamentable, sino un ejemplo del daño reputacional que generan unos pocos sobre un sector entero. Los profesionales que trabajan cumpliendo las normas, que respetan a los inquilinos y entienden la función social de la vivienda, ven cómo su credibilidad se contamina por la conducta de quienes confunden el negocio con la extorsión. El mercado inmobiliario español ya sufre bastante desconfianza social. Casos como este refuerzan la percepción de abuso y arbitrariedad, justo cuando más falta hace transparencia y ética. Quizás sea hora de que las sanciones sean proporcionales al beneficio obtenido y de que las autoridades actúen con la misma contundencia con la que los infractores amenazan por WhatsApp. A veces, el ruido más alto en el mercado inmobiliario no lo hacen las excavadoras, sino los egos desbocados. Y en Sevilla, parece que algunos todavía no han entendido que la ley no se negocia, se cumple. Aunque no guste.
El Observatorio de la Construcción Sostenible en la Administración Pública nace como una herramienta estratégica para conectar conocimiento, innovación y compromiso. Su creación simboliza un punto de inflexión: el momento en que la construcción pública deja de mirar al pasado y se orienta decididamente hacia un futuro más responsable, competitivo y coherente con los retos climáticos y sociales del siglo XXI.
El consumo en los últimos doce meses (sep’24-ago’25) se sitúa en 15.678.993 toneladas, lo que supone un crecimiento del 9,1% respecto al periodo anterior, con un incremento absoluto de 1.310.619 toneladas. Este dato muestra que la demanda interna de cemento se consolida y que el sector de la construcción continúa siendo un motor relevante dentro de la economía española.
Durante los últimos años, el exceso de vivienda construida tras la burbuja inmobiliaria ha dejado numerosos inmuebles sin uso, algunos inacabados y otros abandonados. En esas circunstancias, la falta de control ha favorecido la ocupación ilegal y ha deteriorado la convivencia en ciertos barrios.
Hasta ahora, la interpretación de la Agencia Tributaria era estricta: la deducción podía aplicarse únicamente respecto de las cantidades satisfechas mientras el contribuyente residiera en la vivienda; el derecho desaparecía el mismo día de la venta, y la parte del precio de venta utilizada para cancelar la deuda no computaba como gasto deducible.
Los expertos advierten que la escasez de suelo disponible y el incremento de los costes de construcción podrían seguir presionando los precios en los próximos meses, especialmente en las zonas urbanas más demandadas.
El incremento de precios observado en octubre refleja una tendencia que podría continuar en los próximos meses si no se adoptan medidas eficaces para incentivar la oferta, simplificar la tramitación urbanística y promover la rehabilitación y reconversión de espacios infrautilizados.
