En la población mayor de 65 años y residente en municipios de menos de 5.000 habitantes confluyen los dos factores de riesgo más importantes de exclusión financiera, como son la ausencia de oficinas bancarias o la falta de capacidades y destrezas digitales para operar en cajeros o por internet.
La asociación lleva meses reclamando al Ejecutivo de coalición que imponga durante al menos seis meses un descuento mínimo del 50% en la factura eléctrica sometida a la tarifa semirregulada PVPC de la inmensa mayoría de familias, excluyendo sólo a las de rentas más altas. Descuento que, al igual que el actual modelo de bono social, correría a cargo de las principales energéticas que operan en España de manera proporcional a sus cuotas de mercado
La mayoría de expertos sostiene que el tipo hipotecario por excelencia habría tocado suelo después de haber llegado el pasado mes al -0,502 y su evolución este año será al alza, aunque muy lenta y progresiva, de manera que continuará en niveles negativos.
La negativa de los bancos a dar atención personal a consumidores vulnerables incapaces de acceder a sus servicios a través de internet o cajeros supone una vulneración de la legislación bancaria y del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
En los últimos años se ha recrudecido la presión publicitaria para invertir en criptomonedas y algunos propietarios de inmuebles aceptan el pago en este tipo de valor. Pero ni mucho menos es oro lo que reluce, es una inversión no exenta de riesgos y con mucho buitre revoloteando a la búsqueda de incautos. Además sus costes son a menudo mucho mayores que otras inversiones. Los únicos que hacen negocio son los intermediarios.
OCU recomienda a las familias con dificultades económicas que al menos comprueben si tienen derecho al bono social eléctrico, ya que incluye una ayuda térmica automática por un importe de entre 29 y 124 euros al año
De los datos proporcionados por los inscritos, OCU estima que podrá obtener un ahorro medio de 241€ anuales para su suministro de gas y electricidad. Entre los inscritos, el 52% lo hace para poder acceder a una buena oferta de electricidad y el 47% para una oferta dual que incluye gas y electricidad.
En el sector eléctrico español existen dos tipos distintos de contratos, por un lado, los contratos de precio supervisados por el gobierno o los contratos de precio libre, que son establecidos por las propias compañías eléctricas.
Si los usuarios acceden a dicho enlace, serán redirigidos a una página con un diseño muy similar a la web legítima de MRW. Para comprobar que se trata de un engaño, se puede revisar la URL de la web, que no se trata del dominio de la empresa de mensajería, sino de uno que trata de simular el auténtico al utilizar el nombre de MRW.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 21 de marzo de 2013, asunto C-92/11, señala que para que una modificación unilateral del coste de un servicio no sea abusiva debe exponerse en el contrato "de manera transparente" el motivo de dicha modificación y el "modo de variación del coste relacionado con el servicio", para que así el consumidor "pueda prever, sobre la base de criterios claros y comprensibles, las eventuales modificaciones del coste".
