El Gobierno traslada ahora la responsabilidad de buscar una alternativa habitacional a los servicios sociales autonómicos, una tarea que, como reconocen las propias administraciones, rara vez puede resolverse con rapidez por la escasez estructural de vivienda pública.
La declaración de zonas tensionadas entró en vigor el 30 de julio y, desde entonces, el mercado ha mostrado una corrección de precios sin efectos colaterales graves. Eso no significa que el problema esté resuelto. Navarra también registra un aumento de los contratos de alquiler de temporada, que ya representan el 11% del total, frente al 4% del año anterior.
Por territorios, Andalucía encabeza la lista de comunidades con más solicitudes rechazadas, con 21.872 viviendas, seguida de la Comunidad Valenciana (14.387) y Canarias (13.726). Madrid ocupa una posición destacada no solo por volumen, sino por concentración urbana: es la ciudad con mayor número de denegaciones, con 5.344 anuncios irregulares, por delante de Barcelona (5.005) y Málaga (2.993).
Vigo prohíbe expresamente el uso turístico en viviendas protegidas y en aquellas que hayan sido reformadas o rehabilitadas con subvenciones públicas, reforzando así la idea de que la inversión pública debe destinarse prioritariamente a vivienda residencial permanente.
Los datos oficiales de la Comunidad Foral de Navarra, muestran que durante los seis primeros meses tras la declaración de 21 municipios como zonas de mercado tensionado, los precios del alquiler se han contenido un 8,6 %, mientras que la oferta se ha mantenido estable.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que regula una cobertura frente a impagos de rentas, daños en la vivienda y suministros debidos, aplicable únicamente a contratos de alquiler dirigidos a jóvenes y personas vulnerables vigentes a 30 de enero de 2025.
El nuevo marco normativo establece que los solicitantes de una vivienda protegida deberán acreditar diez años de empadronamiento en la Comunidad de Madrid y no haber sido condenados por delitos vinculados a la ocupación en los cinco años posteriores a la sentencia.
Las zonas costeras y los entornos universitarios siguen registrando niveles de rentabilidad elevados, impulsados por la combinación de demanda turística, alquiler de temporada y escasez de oferta. En estos mercados, el encarecimiento de los precios no ha frenado el interés inversor, aunque sí ha reducido los márgenes respecto a ejercicios anteriores
El impacto del control registral no ha sido uniforme en todo el territorio. Andalucía lidera el número de revocaciones, con más de 20.000 solicitudes rechazadas, seguida de comunidades con una fuerte presión turística como Canarias, donde el 24,21% de las solicitudes han sido revocadas, y Madrid, con un 22,26%.
Según el Tribunal Supremo limitar la actualización de la renta de los contratos de alquiler en contextos excepcionales no supone una expropiación ni un atentado contra la propiedad privada.
