Cataluña lidera la morosidad con una deuda media cercana a los 11.000 euros por inquilino, muy por encima de la media nacional. Le siguen Baleares, Madrid y el País Vasco, territorios donde los precios del alquiler han alcanzado cifras récord y donde la presión económica sobre las familias es mayor.
Uno de los principales puntos de fricción es la propuesta de blindar las viviendas públicas a perpetuidad, evitando que, con el tiempo, pasen al mercado libre. Sánchez defiende que este mecanismo es esencial para proteger a los jóvenes frente a la especulación, pero desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo rechaza esta idea al considerar que “la protección pública no puede eternizarse”.
La ciudad ha experimentado un fuerte crecimiento en los precios tanto de compra como de alquiler, lo que ha generado un debate político y social que ya no puede aplazarse.
El anuncio llega en un momento especialmente delicado, con los precios de los alquileres en máximos históricos y con elecciones en el horizonte en varias comunidades. Para algunos analistas, la medida tiene un marcado carácter político y podría quedarse corta frente a la magnitud del problema estructural de la vivienda en España: falta de parque público, retrasos en la promoción de vivienda asequible y escaso control sobre la especulación inmobiliaria.
La subida de los alquileres seguirá limitada y se hará por debajo del IPC, lo que supone un respiro para los inquilinos, pero también un motivo de queja para muchos propietarios que ven cómo sus rentas se devalúan en comparación con el coste de vida.
El gran anuncio es la reforma de la Ley del Suelo, con la que se pretende aumentar un 10% la edificabilidad de las parcelas destinadas a vivienda protegida y hasta un 20% la densidad, sin necesidad de modificar el planeamiento. También se permitirá dar uso alternativo de vivienda protegida a suelos inicialmente destinados a otros fines. Traducido: más ladrillo y menos garantías de que la vivienda resultante sea realmente accesible.
El secretario de Estado puso en valor la cooperación entre el Gobierno y el ejecutivo vasco en materia de vivienda, subrayando que para afrontar con garantías el reto de ampliar la oferta de viviendas asequibles y sociales, es indispensable la colaboración entre instituciones autonómicas, locales y estatales.
Desde enero de 2025 está en vigor un régimen sancionador que contempla multas de hasta 900.000 euros para propietarios que incumplan los topes de alquiler o recurran a contratos temporales de manera fraudulenta. Estos inspectores, distribuidos en toda Cataluña, tendrán capacidad para actuar de oficio o a instancias de denuncias ciudadanas, lo que dota a la normativa de un carácter disuasorio.
Uno de los grandes objetivos de la ley es reducir la brecha entre la oferta y la demanda. En palabras de Juanma Moreno, el desajuste existente ha generado un mercado donde los precios se disparan y el acceso resulta “inaccesible” para miles de familias.
El esfuerzo económico que deben realizar las familias es desproporcionado: una pareja joven destina el 43% de sus ingresos al alquiler en Madrid y el 51% en Barcelona, cifras que superan ampliamente el 30% recomendado para mantener un equilibrio financiero saludable.
