Muchos gobiernos autonómicos, sobre todo los que no comparten la visión del Ejecutivo central, no han solicitado ninguna declaración, lo que convierte el mecanismo en una herramienta opcional con escasa incidencia en el conjunto del territorio español.
Estamos viendo un proceso de profesionalización del alquiler, donde grandes fondos y promotoras acaparan suelo y activos para convertir un bien de primera necesidad en un producto financiero más. Aunque algunos proyectos como el Plan Suma Vivienda en Madrid prometen soluciones habitacionales, el grueso de la inversión no tiene por objetivo resolver el problema social del acceso a la vivienda, sino maximizar la rentabilidad.
Una de las explicaciones más plausibles del repunte en el número de contratos registrados es el endurecimiento de los controles fiscales. En los últimos años, la Agencia Tributaria ha intensificado su vigilancia sobre el mercado del alquiler, cruzando datos del catastro, consumo eléctrico y cuentas bancarias para detectar viviendas alquiladas sin declarar. Cientos de miles de cartas se han remitido este año a propietarios.
El nuevo índice de actualización no es, en sí mismo, una medida negativa. De hecho, responde a una lógica: evitar que el IPC, sujeto a picos extraordinarios, determine subidas inasumibles para las familias. Pero tampoco puede convertirse en una herramienta que desincentive la inversión en el parque de alquiler, ni que ignore la realidad de que los propietarios también enfrentan el alza en los precios de suministros, seguros, impuestos y mantenimiento.
Desde este pasado lunes, 1 de abril de 2025, ha entrado en vigor una modificación crucial en la Ley de Propiedad Horizontal que introduce un nuevo requisito imprescindible para registrar una vivienda de uso turístico: la autorización expresa de la comunidad de propietarios.
Este giro puede interpretarse como un intento del Govern de mostrar firmeza ante una problemática que afecta ya a miles de familias en Cataluña, muchas de las cuales han sido expulsadas del alquiler tradicional por precios desorbitados, contratos precarios o imposibilidad de acceso.
El Ministerio de Consumo ha identificado más de 15.200 pisos turísticos ilegales en Madrid, situando a la capital como una de las ciudades con mayor concentración de este tipo de alojamientos sin licencia. Estas viviendas operan al margen de la legalidad, eludiendo controles y normativas que garantizan la seguridad y calidad de los servicios ofrecidos.
Los ingresos por alquiler deben declararse íntegramente en el IRPF. Sin embargo, existen gastos deducibles que pueden reducir la base imponible, como intereses de hipotecas, gastos de reparación y conservación, tributos y tasas, entre otros.
La Dirección General de Consumo ha requerido información no solo a Alquiler Seguro, sino también a otras inmobiliarias sospechosas, tras recibir las denuncias presentadas por organizaciones como el Sindicato de Inquilinas-CECU, FACUA y la OCU,
A pesar del aumento en la construcción de VPO, los precios de estas viviendas han alcanzado máximos históricos. Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), el valor tasado de la vivienda protegida se situó en el último trimestre de 2024 en 1.169,4 euros/m², el más alto de la serie histórica.
