La declaración de San Sebastián abre el camino para otras capitales vascas. Según ha confirmado el propio Departamento de Vivienda, Vitoria-Gasteiz y Bilbao están en proceso de ser declaradas zonas tensionadas, previsiblemente en las próximas semanas.
El Consejo de Estado, en su dictamen previo, también señaló la falta de audiencia a los gobiernos autonómicos y al sector turístico, aunque su informe no es vinculante. Canarias considera que el decreto afecta directamente a su marco regulador del alquiler vacacional, en el que ya cuenta con un registro propio y una normativa en vigor.
El acuerdo entre el Govern y los Comuns no es solo un pacto político, sino también una solución técnica para paliar la prórroga presupuestaria de la Generalitat. A través de los suplementos de crédito, se movilizarán más de 3.400 millones de euros en total, con un enfoque claro: salud, energía y vivienda.
El consistorio compostelano ha puesto el foco en las Viviendas de Uso Turístico (VUT), que distorsionan el mercado y expulsan a los residentes del centro urbano. Según el Consejal de Uranismo, Iago Lestegás, las medidas del Ayuntamiento están empezando a dar resultado: entre junio de 2024 y mayo de 2025, el número de alojamientos turísticos inscritos se ha reducido un 16%.
Un gesto que, sin tener carácter vinculante, marca tendencia y refleja una creciente preocupación social y política por el efecto que este fenómeno está teniendo en los precios del alquiler, la escasez de vivienda disponible y el deterioro de la convivencia en muchos barrios.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) enfocado en la vivienda industrializada. Este plan destinará 1.300 millones de euros en la próxima década para impulsar un modelo de construcción más ágil, moderno y respetuoso con el medio ambiente.
Otra de las propuestas pasa por la transposición de una directiva europea para armonizar el IVA. En otras palabras: que se pueda aplicar el IVA a los pisos turísticos en zonas donde su crecimiento impida el acceso a la vivienda o suponga una saturación del entorno turístico.
Muchos gobiernos autonómicos, sobre todo los que no comparten la visión del Ejecutivo central, no han solicitado ninguna declaración, lo que convierte el mecanismo en una herramienta opcional con escasa incidencia en el conjunto del territorio español.
Estamos viendo un proceso de profesionalización del alquiler, donde grandes fondos y promotoras acaparan suelo y activos para convertir un bien de primera necesidad en un producto financiero más. Aunque algunos proyectos como el Plan Suma Vivienda en Madrid prometen soluciones habitacionales, el grueso de la inversión no tiene por objetivo resolver el problema social del acceso a la vivienda, sino maximizar la rentabilidad.
Una de las explicaciones más plausibles del repunte en el número de contratos registrados es el endurecimiento de los controles fiscales. En los últimos años, la Agencia Tributaria ha intensificado su vigilancia sobre el mercado del alquiler, cruzando datos del catastro, consumo eléctrico y cuentas bancarias para detectar viviendas alquiladas sin declarar. Cientos de miles de cartas se han remitido este año a propietarios.
