No se trata solo de compraventa, de hipotecas imposibles o alquileres abusivos. Se trata de una inseguridad estructural: de no saber si dentro de seis meses vas a seguir en tu casa, de destinar la mitad del sueldo a mantener un techo, o de ver cómo tu hijo adulto sigue viviendo en tu casa porque ni con trabajo puede emanciparse.
El Reglamento 2024/1028, aprobado en abril de 2024 por el Parlamento Europeo y el Consejo, obliga a los Estados Miembros a establecer un sistema de registro digital único para los arrendamientos de corta duración.
Una de las claves del nuevo plan es la colaboración público-privada, en la que el Ayuntamiento cede suelo municipal para que promotores privados y entidades sociales construyan vivienda protegida. De las más de 4.600 viviendas proyectadas, unas 2.330 serán desarrolladas bajo esta fórmula mixta, lo que representa la mitad del total.
El Estado se compromete a aportar el 60% de la financiación, mientras que las comunidades asumirán el 40% restante. Con esta estructura, se busca garantizar la corresponsabilidad y un reparto justo de los recursos para lograr un impacto efectivo sobre el mercado de vivienda.
Con un déficit acumulado durante décadas, el acceso a la vivienda se ha convertido en un agujero negro que devora los salarios, enriquece a grandes grupos inversores y, sobre todo, frustra expectativas de vida. Las soluciones existen, los fondos también. Lo que falta, una vez más, es voluntad política real y capacidad para el acuerdo.
Una de las novedades más significativas en estas licitaciones es que se valora con un 10% la industrialización en la construcción, es decir, el uso de técnicas modernas que permiten acortar plazos, reducir costes, mejorar la eficiencia energética y ganar calidad constructiva. Esta decisión se enmarca dentro del PERTE de Industrialización de la Vivienda.
Ante este escenario del alquiler, se podría pensar que la compra es una alternativa más segura. Pero tampoco es una salida fácil. De entrada, para acceder a una hipoteca es necesario contar con un ahorro previo de al menos el 30% del precio del inmueble: un 20% como entrada y otro 10% para cubrir gastos como notaría, registro, impuestos o comisiones.
El mercado del alquiler vacacional se está desacelerando ligeramente, pero sigue siendo caro. El incremento del 7 % es más bajo que el del año pasado, sí, pero se acumula sobre subidas continuadas desde 2020, lo que ha llevado a que el precio medio se haya encarecido casi un 40 % en solo cinco años.
Según el consistorio, la decisión responde a una necesidad urgente de preservar los barrios como espacios habitables y sostenibles, donde el turismo no desplace a la población local ni rompa el tejido social. El concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, ha sido tajante al afirmar que se trata de garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes, sin que uno expulse al otro
En paralelo a esta ofensiva contra el alquiler fraudulento, Sumar y ERC han presentado una iniciativa para impulsar la vivienda cooperativa en cesión de uso.
