Este giro puede interpretarse como un intento del Govern de mostrar firmeza ante una problemática que afecta ya a miles de familias en Cataluña, muchas de las cuales han sido expulsadas del alquiler tradicional por precios desorbitados, contratos precarios o imposibilidad de acceso.
El Ministerio de Consumo ha identificado más de 15.200 pisos turísticos ilegales en Madrid, situando a la capital como una de las ciudades con mayor concentración de este tipo de alojamientos sin licencia. Estas viviendas operan al margen de la legalidad, eludiendo controles y normativas que garantizan la seguridad y calidad de los servicios ofrecidos.
Los ingresos por alquiler deben declararse íntegramente en el IRPF. Sin embargo, existen gastos deducibles que pueden reducir la base imponible, como intereses de hipotecas, gastos de reparación y conservación, tributos y tasas, entre otros.
La Dirección General de Consumo ha requerido información no solo a Alquiler Seguro, sino también a otras inmobiliarias sospechosas, tras recibir las denuncias presentadas por organizaciones como el Sindicato de Inquilinas-CECU, FACUA y la OCU,
A pesar del aumento en la construcción de VPO, los precios de estas viviendas han alcanzado máximos históricos. Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), el valor tasado de la vivienda protegida se situó en el último trimestre de 2024 en 1.169,4 euros/m², el más alto de la serie histórica.
El Defensor del Pueblo insta a las comunidades autónomas a utilizar las herramientas que proporciona la Ley por el Derecho a la Vivienda para enfrentar el incremento sostenido de los precios del alquiler.
El impacto de los pisos turísticos en el centro de Madrid es significativo. Se estima que una de cada cuatro viviendas en alquiler en esta zona se destina a turistas, reduciendo la disponibilidad de viviendas para residentes y contribuyendo al aumento de los precios del alquiler.
A pesar de las evidencias que respaldan la eficacia de la regulación de los alquileres en zonas tensionadas, algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como Madrid, muestran resistencia a implementar estas medidas. Argumentan que la intervención en el mercado puede tener efectos adversos, como la disminución de la oferta de viviendas en alquiler y la desincentivación de la inversión inmobiliaria
Para los contratos de alquiler firmados antes de la entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda en mayo de 2023, la actualización de la renta anual se rige por lo pactado entre las partes en el contrato. Generalmente, estos contratos establecen la actualización de la renta basada en el Índice de Precios al Consumo (IPC) o el Índice de Garantía de Competitividad (IGC).
A pesar de la reducción en los precios, se ha observado una disminución significativa en la oferta de viviendas en alquiler tradicional. Según datos del Observatorio del Alquiler, en el último año, la disponibilidad de pisos en alquiler en Cataluña se redujo en 39.785 viviendas, lo que representa una caída del 25,7%, situando la oferta en 114.878 pisos.
