El sindicato considera que el marco jurídico y las políticas públicas actuales no garantizan el derecho a la vivienda, especialmente para los colectivos más vulnerables, en un contexto marcado por el encarecimiento de los alquileres, la falta de vivienda social, la presión hipotecaria y la pérdida de poder adquisitivo ligada al consumo.
Además de la sanción económica, la decisión incluye dos sanciones accesorias que obligan a Airbnb a retirar los contenidos ilícitos detectados y a hacer pública la multa impuesta, una medida poco habitual que subraya la gravedad de los hechos.
Uno de los principales argumentos del Departamento de Vivienda es el compromiso cuantitativo. Según las previsiones oficiales, durante la legislatura se superarán las 10.000 viviendas protegidas, principalmente en régimen de alquiler. El cálculo incluye promociones en ejecución, nuevas promociones previstas entre 2027 y 2028, adquisiciones públicas y operaciones de tanteo y retracto.
La multa, propuesta tras una investigación exhaustiva, castiga los abusos sistemáticos y las prácticas fraudulentas que la inmobiliaria ha venido aplicando en sus contratos de arrendamiento, cargando al inquilino con costes y obligaciones que, por ley, corresponden al propietario.
La cifra del 2,29% en noviembre no es un hecho aislado, sino que consolida una tendencia al alza iniciada a mediados de año. Tras arrancar con un 2,10% en junio, el índice ha encadenado seis meses consecutivos por encima del 2%, superando incluso el récord anterior del 2,25% establecido en octubre.
La suspensión de desahucios, que lleva más de cinco años en vigor sin criterio restrictivo ni compensación ágil, ha provocado que cientos de miles de propietarios opten por vaciar sus viviendas, destinarlas al alquiler de temporada o directamente renunciar al alquiler residencial. El resultado es conocido: menos oferta, más competencia y precios más altos.
La iniciativa supone la primera materialización del nuevo modelo de vivienda pública que el Gobierno quiere impulsar: alquiler estable, asequible y con contratos de hasta 75 años.
El Real Decreto subraya que esta cobertura solo será aplicable si los arrendadores cumplen todas las obligaciones legales: estar al corriente de pagos con Hacienda y Seguridad Social, depositar la fianza obligatoria, y firmar contratos que respeten los límites del índice estatal de referencia del alquiler.
CASA 47 asumirá las funciones de una gran promotora estatal, encargada no solo de levantar nuevas promociones, sino también de gestionar directamente los alquileres, su mantenimiento y la adjudicación transparente de los inmuebles. Con ello, el Gobierno busca poner fin a la fragmentación que históricamente ha limitado la eficiencia del parque público.
El mercado del alquiler —que debería ser una alternativa al de la compraventa— se encuentra en su propio proceso de implosión, con crecimientos superiores al 10% en un año y sin un parque público que actúe de contrapeso. Y todo ello en un contexto donde la vivienda es un derecho constitucional pero, en la práctica, se ha convertido en un bien inaccesible para amplias capas de la población.
