Estamos viendo un proceso de profesionalización del alquiler, donde grandes fondos y promotoras acaparan suelo y activos para convertir un bien de primera necesidad en un producto financiero más. Aunque algunos proyectos como el Plan Suma Vivienda en Madrid prometen soluciones habitacionales, el grueso de la inversión no tiene por objetivo resolver el problema social del acceso a la vivienda, sino maximizar la rentabilidad.
Los consumidores se enfrentan a una doble indefensión: por un lado, los perjuicios sufridos; por otro, la incertidumbre jurídica sobre la posibilidad de reclamar. En un mercado libre pero carente de control, supervisión eficaz y respuesta rápida, el coste del apagón, como siempre, lo acaba pagando el ciudadano
El mercado inmobiliario madrileño ha entrado en una fase de crecimiento acelerado que recuerda, y en algunos casos supera, los niveles de la burbuja de 2007. En el primer trimestre de 2025, el precio residencial en la provincia de Madrid ha experimentado un aumento del 4,8 % trimestral y del 12,6 % interanual, lo que representa un incremento real del 9,7 % al descontar la inflación.
En 2024, el 7,5% de las hipotecas registradas sobre vivienda fueron formalizadas por extranjeros, alcanzando las 32.714 operaciones. Esto representa un incremento del 13,1% respecto a 2023.
En marzo, se constituyeron 10.690 nuevas sociedades, apenas un 0,5% menos que en marzo de 2024, lo que sugiere que la desaceleración podría ser más coyuntural que estructural. Además, en el acumulado interanual —de abril de 2024 a marzo de 2025— se alcanzaron 117.280 nuevas constituciones, un 6,6% más que en el mismo periodo anterior.
Si algo ha demostrado esta legislatura es que sin una política de suelo eficaz, cualquier medida en materia de vivienda se queda coja. Ni el PERTE, ni el Plan Estatal de Vivienda, ni los intentos por frenar la escalada del alquiler pueden prosperar sin una base urbanística sólida.
Una de las grandes novedades es que el proyecto tendrá una base física e institucional en Valencia, concretamente en la Zona de Actividades Logísticas del Puerto, en suelo de SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo). Ahí se desarrollará la llamada Ciudad de la Industrialización de la Construcción, un polo para la formación, innovación y experimentación.
Con Donald Trump reactivando su retórica proteccionista y la UE apostando por una soberanía digital fuerte, el enfrentamiento parece inevitable. Algunas voces en Washington ya acusan a Bruselas de actuar por motivos políticos, no legales.
No parece que sea posible repetir una crisis de similares características; nos falta la gasolina de las Cajas de Ahorro, hoy desaparecidas y la capacidad de construcción, lo que es un problema, también perdida. La estructura corrupta y corrompible vive con nosotros, lista para aprovechar una mínima oportunidad en cualquier momento...
La historia de estas viviendas es la historia reciente del estallido de la burbuja inmobiliaria y sus consecuencias sociales. Proceden de ejecuciones hipotecarias, tras la crisis financiera de 2008. En su momento fueron adquiridas por Divarian, una sociedad conjunta entre el BBVA y Cerberus, creada para gestionar activos tóxicos.
