El crédito bancario vivo destinado a promoción inmobiliaria se situó en 25.060 millones de euros en el tercer trimestre de 2025, frente a los 25.228 millones contabilizados al cierre de 2024, según los datos del Banco de España. La cifra es prácticamente plana en términos absolutos, lo que ya dice bastante: el crecimiento del sector no está viniendo de la banca tradicional, sino de otras fuentes.
La Asociación de Apartamentos, Viviendas Turísticas y Alojamientos Rurales de Granada (AvitarGranada), que promovió el recurso, no ha tardado en sacar conclusiones prácticas del fallo. La patronal ha animado a todos los afectados que hayan visto canceladas, bloqueadas o frustradas sus licencias, registros, expedientes o explotaciones turísticas por la aplicación del acuerdo municipal a contactar con la asociación para estudiar su caso.
El modelo que propone el Gobierno no es el de siempre —el Estado transfiere dinero y se desentiende—, sino uno de corresponsabilidad efectiva: el Gobierno de España aporta el 60% de los fondos y las comunidades autónomas el 40% restante. Más inversión que nunca, pero también más exigencia que nunca.
Otro dato que conviene tener presente para calibrar la dimensión real del fenómeno: solo el 4,9% de la población total —el 5,7% si nos limitamos a la población adulta— obtiene ingresos mediante alquileres. Frente a ellos, el 20,8% de la población española vive de alquiler, según la última Encuesta de Condiciones de Vida. Cuatro veces más inquilinos que arrendadores.
En conjunto, los tres municipios contemplan la promoción de cerca de 1.500 nuevas viviendas en los próximos años, cifra que podría elevarse hasta 1.800 si se desarrolla todo el potencial urbanístico previsto. Es un esfuerzo notable para municipios de tamaño medio, pero conviene no perder de vista que las zonas tensionadas son, ante todo, un instrumento de contención de precios, no de generación de oferta.
Cuando el CIS pregunta no ya por los problemas del país sino por los que afectan directamente a los encuestados, el orden cambia ligeramente. La crisis económica pasa al primer puesto con un 38,8% de menciones, seguida de la vivienda con un 25,6%, la sanidad con un 19,5%, la calidad del empleo con un 16,7% y la inseguridad ciudadana con un 10,1%.
Después de dieciocho años de litigio —de 2008 a 2026—, la Asociación de Hipotecados Activos ha elevado una queja formal ante el Defensor del Pueblo en la que expone todas estas irregularidades y pide que se examine el papel del Banco de España en esta historia.
CBRE señala que su European Investor Intentions Survey 2026 sitúa a España, por primera vez, como el mercado europeo con mayor rentabilidad inmobiliaria prevista por los inversores, superando a Reino Unido. Es también el único país europeo que cuenta con dos ciudades entre los destinos más atractivos del continente por segundo año consecutivo: Madrid en segunda posición y Barcelona en cuarta.
La oferta actual en Santiago ronda los 245 inmuebles a un precio medio de 12,16 euros/m²/mes, por debajo del promedio nacional de 15 euros. Es un mercado relativamente pequeño, lo que hace aún más imprevisible el efecto de la intervención. Lo que sí es previsible, a juzgar por lo ocurrido en otras ciudades, es que una parte de esa oferta encuentre la salida del alquiler temporal antes de que la tinta del BOE se seque.
El mercado hipotecario sigue sorprendiendo. Según los datos publicados [...]
