El ranking de precio por metro cuadrado también se mueve. San Sebastián se mantiene como la capital más cara de España, con 5.154 €/m², seguida de Madrid (4.683 €/m²) y Barcelona (4.463 €/m²). Palma de Mallorca (3.472 €/m²) y Bilbao (3.240 €/m²) completan el grupo por encima de los 3.000 €/m², con Málaga, Cádiz y Valencia pisándoles los talones.
Opinión sobre lo que paga el ciudadano por el IBI, el Banco de España quiere regular el mercado hipotecario, las herencias de vivienda continúan creciendo, la constitución de sociedades retrocede un 15% en mayo, intento de estafa con la Agencia Tributaria, en abril vuelve a descender el número de compraventas y Mallorca reducirá las sanciones por el alquiler turístico ilegal, entre otras informaciones.
Detrás de toda esta arquitectura jurídica hay una filosofía muy concreta que conviene entender para no quedarse solo con la parte técnica: la usucapión premia a quien ha actuado responsablemente sobre un bien, atendiendo sus obligaciones (pagando impuestos, manteniéndolo, cuidándolo) y, al mismo tiempo, sanciona al propietario negligente, ese que se desentendió del bien durante décadas y ahora, cuando ve que vale una fortuna, aparece de repente reclamando derechos que llevaba una eternidad sin ejercer.
El comprador o inquilino que hoy pone rumbo al norte se encontrará con precios superiores a los de hace unos años, aunque todavía existen oportunidades en zonas con mayor recorrido y en municipios menos tensionados. Pero la tendencia es clara: mientras las temperaturas extremas sigan castigando el sur peninsular cada verano, la cornisa cantábrica seguirá ganando adeptos, y con ellos, precios que ya empiezan a rivalizar con los de las costas tradicionalmente más caras del país.
La accesibilidad a la vivienda se complica mes a mes. El encarecimiento de los precios, sumado al leve repunte del coste hipotecario y a la pérdida moderada de poder adquisitivo derivada del nuevo repunte de la inflación, ha disparado de nuevo la tasa de esfuerzo de compra.
Por el momento, el anuncio de García Gómez marca el inicio de un proceso, no su conclusión. La propuesta deberá pasar primero por los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid antes de elevarse formalmente al Parlamento regional, un trámite que el propio Gobierno autonómico sitúa en un horizonte de "los próximos meses", sin concretar fecha exacta.
Mientras las operaciones se hunden, los precios siguen sin inmutarse. El metro cuadrado se situó en abril en 2.046 euros, un 9,4% más que un año antes y el segundo dato más alto de toda la serie histórica del Notariado, solo superado por los 2.067 euros/m² de enero. Son ya 33 meses consecutivos de subidas ininterrumpidas. Por tipología, los pisos lideraron el encarecimiento, con un 12,2% interanual hasta los 2.391 euros/m², frente al 3,4% de las viviendas unifamiliares.
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo ha establecido con claridad que el plazo de prescripción de la acción restitutoria no puede comenzar automáticamente con la publicación de una sentencia colectiva ni con la notoriedad mediática de una determinada controversia jurídica.
El cuadro que dibuja Solvia para el conjunto del año es coherente con la dinámica de los últimos trimestres: precios al alza, oferta insuficiente, demanda sostenida y alquiler sin alivio visible. No hay elementos en el horizonte que apunten a una corrección significativa mientras persistan los desequilibrios estructurales del mercado: la brecha entre lo que se construye y lo que se necesita sigue siendo amplia, y cerrarla llevará años, no meses.
El paquete de medidas confirmadas abarca varios frentes. En materia fiscal, la más llamativa es la subida del IVA aplicado a los pisos turísticos hasta el 21%, igualándolos así al tipo general que ya soporta cualquier otra actividad económica. Es una medida que cuesta poco defender desde un punto de vista lógico: si alguien alquila un piso como negocio, con sus plataformas, su gestión profesionalizada y sus tarifas por noche, no hay razón de peso para que tribute como si fuera un arrendamiento residencial.
