Artículo de opinión sobre la ralentización del mercado, 40.000 inmuebles de la Sareb al SEPES, la tarifa TUR para el gas baja un 4,9%, el euríbor se estabiliza pero baja las hipotecas, sigue dando vueltas el cobro del equipaje de mano, Booking elimina 4.093 anuncios de viviendas turísticas y en abril la compraventa de viviendas sube un 1,3% anual, entre otras informaciones
La Comunidad de Madrid y las Islas Baleares han alcanzado sus máximos históricos de precio medio nominal. Esto significa que, en términos brutos, el coste de adquirir una vivienda en estas zonas es el más alto desde que se tienen registros.
El alquiler también sigue encareciéndose. En el primer trimestre de 2025, los alquileres han subido en la UE un 3,2% respecto al mismo periodo del año anterior, y un 0,9% en términos trimestrales. Se trata de una tendencia persistente desde 2010, cuando comenzó a recogerse esta estadística.
Un aspecto criticado por organizaciones como la OCU es el anonimato de las empresas sancionadas. Aunque el Ministerio de Consumo sí ha hecho público el número de compañías multadas y el importe total de las sanciones, ha decidido no revelar sus nombres, una práctica que protege más a los infractores que a los consumidores.
Aunque las señales macroeconómicas son relativamente positivas, el gran problema sigue siendo estructural y persistente: no hay suficiente vivienda para absorber la demanda actual. En los últimos meses, se ha producido un aumento en los visados de dirección de obra, que crecieron un 19,4 % respecto al año anterior. Sin embargo, el número de viviendas terminadas se ha reducido un 7,9 %, lo que impide una respuesta efectiva a la demanda creciente.
Ángel Gabilondo ha solicitado información detallada al Ministerio de Vivienda, a todas las comunidades autónomas, a Ceuta y Melilla, y a los ayuntamientos de las diez ciudades más pobladas del país. El objetivo es claro: garantizar a la ciudadanía el acceso a una vivienda digna y adecuada, como reconoce el artículo 47 de la Constitución Española.
Miles de alojamientos continúan operando sin identificación legal ni control, amparados por plataformas que, lejos de hacer cumplir la ley, la ignoran o la retuercen a su conveniencia. Mientras tanto, los consumidores están indefensos, y el acceso a la vivienda en las ciudades más tensionadas sigue deteriorándose.
Se está produciendo un ajuste de la demanda provocado por el precio, pero esto no significa una bajada inminente. Al menos por ahora. Lo que sí se percibe es un enfriamiento en las decisiones de compra. Un “esperar a ver”, que se traslada en una caída de visitas, en operaciones que no se concretan y en hipotecas que no se firman.
Se requieren medidas estructurales: más construcción de vivienda protegida, políticas fiscales que desincentiven la especulación, ayudas directas a la compra o al alquiler para determinados colectivos, y una mejora real de los salarios.
El criterio geográfico del plan contempla inmuebles en las grandes áreas metropolitanas, islas y municipios con más de 5.000 habitantes, así como otras localidades más pequeñas —desde los 1.000 habitantes— que hayan registrado un crecimiento demográfico superior al 5% en la última década.
