Noticias del Mundo Inmobiliario
Los desahucios y lanzamientos hipotecarios en Madrid han sido suspendidos mientras dure la alarma, esto es hasta el 27 de marzo como mínimo, por los riesgos que implican en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus. La decisión se tomó el pasado jueves y la notificó a letrados y procuradores el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de la capital. Al día siguiente lo confirmaba el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Coincidiendo con la publicación de la cifra de desahucios, que el pasado año alcanzaron la cifra de 54.006, un 9,5 % menos que un año antes, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Gobierno ha decidido ampliar el acuerdo de coalición y actuará contra los desahucios por impago de alquiler. Y es que los lanzamientos derivados del impago del alquiler representan el 67,5 % del total con 36.467, en 2019, frente a los 17.411 de ejecuciones hipotecarias.
El Ministro de Transportes, Movilidad y A. Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado que va a prorrogar la suspensión de los lanzamientos hipotecarios sobre viviendas habituales en colectivos vulnerables. Si fuera finalmente aprobado en la Comisión de Asuntos económicos, asegura Prou Desahucios, «ya sólo faltará que en ese tiempo que se abre de una nueva […]
El pasado 5 de febrero el pleno del Parlamento de Cataluña ha convalidado el Decreto Ley 17/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, aprobado a finales de diciembre por el Gobierno de la Generalitat, que amplía las medidas de la Ley 24/2015.
El Govern de Catalunya ha iniciado la regulación del mercado de la vivienda para favorecer a los más vulnerables. En ese sentido ha aprobado un Decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, cuya iniciativa más remarcable, y que va a traer consecuencias, se centra en obligar a los grandes propietarios –según esta nueva norma, aquellos que tienen más de 15 viviendas en alquiler, en su mayoría bancos y fondos de inversión– a ofrecer un alquiler social
Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de ejecuciones hipotecarias de una vivienda habitual para su venta tras el impago de un crédito, bajó en el tercer trimestre por debajo de 1.000 (947),tras reducirse un 21,3% desde el mismo trimestre de 2018. Esta cantidad es la más baja de los últimos cinco años. Los embargos de vivienda habitual cayeron un 40,7 % en 2018.
El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la venta de casi 3.000 viviendas públicas del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) realizada en 2013 al fondo de inversión Goldman Sachs Azora por 201 millones de euros. La decisión del Tribunal Supremo llega tras decretar la inadmisión de los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y Azora Gestión SL a la sentencia emitida en septiembre por la Sección Octava de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que decretó la nulidad de esta operación. Ahora llega la vuelta de las viviendas a la titularidad pública y el resarcimiento de los daños causados en forma de centenares de desahucios.
Ya ha pasado el tiempo de controlar el sistema con reformas, es un cambio radical e internacional en la legislación el que se necesita. Y el primero de ellos pasa por la eliminación de todos los paraísos fiscales que es el lugar de residencia del problema y cuya su existencia consigue que los trabajadores y las clases medias y populares sustenten el peso del sistema fiscal del estado español, librando a las grandes empresas y entidades creadoras de la deuda y únicas beneficiadas.
El primer congreso de la vivienda de Catalunya, que reunió en Barcelona a más de 500 activistas y 70 colectivos por el derecho a la vivienda catalanes, acordó intensificar su campaña contra los fondos buitre que se han apropiado de grandes cantidades de vivienda. Y entre ellos han elegido a Divariam, propiedad de BBVA y Cerberus, […]
No ha sido la primera vez ni con seguridad será la ultima, porque en nuestro país jueces y administraciones vulneran sistemáticamente el derecho a la vivienda que tienen los españoles. Y es el Comité de Derechos Económicos y Sociales (DESC) de la ONU el que vuelve a denunciarlo. Al parecer se firman los acuerdos muy alegremente, porque queda bonito, pero luego el Estado «olvida» lo que ha firmado y las obligaciones que ha adquirido.