El TJUE ha señalado con claridad que no basta con que la definición del IRPH apareciera en el BOE. Había que explicar al consumidor cómo funcionaba el índice, qué consecuencias tenía frente a otros y si el banco incluía —como advertía la propia Circular 5/94 del Banco de España— un diferencial negativo que compensara su carácter encarecedor. Nada de eso ocurrió.
Una nueva doctrina del Tribunal Supremo abre una rendija de esperanza para quienes estaban en plazo de recurrir en aquel momento y que podrían recuperar cantidades que en muchos casos ascienden a decenas de miles de euros.
La propuesta de reforma ha sido tumbada con una amplia mayoría en contra. PP, Sumar, Junts, ERC, Bildu y Podemos han votado en contra, mientras que PSOE, PNV y Coalición Canaria han sido los únicos partidos que la han apoyado. Vox, por su parte, ha optado por la abstención.
El decreto aprobado por el Consell supone uno de los cambios más importantes en la normativa urbanística y agraria de los últimos años. Mientras que el Gobierno defiende la necesidad de estas modificaciones para agilizar inversiones y responder a la crisis de vivienda, las críticas están siendo cada día más numerosas.
El Proyecto ARCE 2050 se presentó en la Casa de la Arquitectura como una hoja de ruta ambiciosa para alcanzar la neutralidad climática en el sector de la edificación. Este plan se enmarca en un proceso participativo que involucra a administraciones, profesionales del sector y la ciudadanía, con el objetivo de acelerar la transición hacia ciudades más sostenibles, resilientes y descarbonizadas.
El allanamiento de morada ocurre en la vivienda habitual, incluso la segunda residencia, como acción de ingresar o permanecer en un domicilio ajeno sin la autorización del morador. Y se confunde deliberadamente con la usurpación, cuando el inmueble donde se comete el delito no es un lugar donde se mora,
La nueva proposición seguirá sin ser del agrado de Sumar y Podemos, quienes ya han expresado preocupaciones sobre posibles "pelotazos urbanísticos". Ambos partidos de izquierdas aseguran que el texto propuesto limita el efecto de las denuncias por defectos menores y subsanables en la planificación, una cuestión que permanece en el nuevo texto.
La querrella responde a que responde a que algunos jueces españoles se han resistido a aplicar la jurisprudencia del TJUE, alegando desacuerdo o cuestionando su obligatoriedad, como muestran las recientes sentencias de estas Audiencias, que han rechazado la demanda de clientes que solicitaban la nulidad de la cláusula IRPH en su hipoteca, así como la devolución de sumas que varían entre los 30.000 y los 40.000 euros.
En la última modificación de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), de 6 de octubre de 2021, el artículo 17, apartado 12, no contempla la doctrina jurisprudencial que se venía aplicando hasta ahora en los tribunales, sino que el mencionado artículo ha modificado la posibilidad de establecer límites y prohibiciones a esta actividad, redactando que existe la posibilidad de “limitar o condicionar”. Sin embargo, no incluye la prohibición en la redacción de la norma.
Arriaga acusa a estos tres magistrados de haber obviado "deliberada y dolosamente el contenido de la sentencia del 13 de julio pasado, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [TJUE], a la hora de juzgar un caso sobre IRPH (al igual que otras anteriores, como la del 28 de Febrero de 2023, más todas las anteriores referidas a préstamos hipotecarios con cláusulas de IRPH)"
