El problema de vivienda que padecemos es tan grave y de tal tamaño, tras demasiados años de inacción, que ninguna administración por su cuenta, ni tan siquiera la del Estado, puede enfrentarse a la situación sin contar con la colaboración estrecha del resto de administraciones.
En los días siguientes a la catástrofe, muchos de los afectados encontraron acogida en casas de familiares y amigos, pero, conforme van pasando las semanas, se extiende la percepción de que en muchos casos la situación de estar sin casa puede prolongarse demasiado. El problema inmobiliario va a ser terrible para muchos afectados.
Sería muy conveniente que se estableciera algún mecanismo de control compartido sobre todo el dinero que va a fluir desde el Gobierno central y también Europa hacia la Comunidad Valenciana, porque su presidente, Carlos Mazón ya ha pedido aportaciones por un importe de 31.000 millones de euros
La propuesta de reformas fiscales anunciada por el Gobierno de España, impulsada por el acuerdo entre PSOE y Sumar, intenta transformar el panorama de la vivienda turística, pero no sólo. Con medidas como la subida del IVA para los apartamentos turísticos, la eliminación del régimen fiscal de las Socimi y el impuesto al lujo y los beneficios de la banca.
Desde la Costa Brava, hasta el Golfo de Cádiz y la costa baja de Huelva, pasando por la famosa Costa del Sol, el litoral mediterráneo y el atlántico andaluz son unos de los frentes considerados de mayor riesgo en el futuro. En la zona se juntan varias problemáticas. De entrada, las urbanizaciones más a pie de playa suelen estar en zona inundable. A ello se le suma la subida del nivel del mar, ya detectada, y que en las próximas décadas se incrementará debido al aumento de las temperaturas, hecho que provoca que las playas sigan retrocediendo
Se nos lleva advirtiendo hace ya mucho que nuestro país iba a ser uno de los más afectados en la cuenca mediterránea por el cambio climático y hasta ahora se ha hecho poco caso a las advertencias, al menos desde las distintas administraciones. Lo que va a tener que cambiarse, porque los gastos e inversiones necesarios para paliar los efectos de los temporales, comienzan a ser poco sostenibles.
Muchos arrendadores se resisten a asumir los costes de gestión inmobiliaria por el alquiler de su vivienda, como ahora establece la ley. Esto deja a las agencias de intermediación con carteras de alquiler amplias, en una posición difícil si quieren subsistir, ya que se ven obligadas a buscar formas de cubrir esos gastos o eliminar los arrendamientos de su oferta tradicional
La masiva convocatoria de Madrid no ha despertado conciencias sociales en el PSOE, que de eso no anda sobrado, sino que ha despertado alarmas. Y es muy comprensible, según datos del Banco de España, el número de personas que viven en una vivienda de alquiler alcanzó aproximadamente los nueve millones a finales de 2023.
Algunos propietarios han decidido cumplir la ley y por ello ha bajado el precio del alquiler, por el contrario, otros muchos, aprovechando la brecha existente, han cambiado de tipo de arrendamiento y han huido hacia el alquiler temporal, o el de habitaciones. En el caso de los alquileres temporales estos ya suponen el 30% de los existentes en las grandes ciudades y el 40% en Barcelona
El Banco de España estima un déficit acumulado entre 2022 y 2025 de 600.000 viviendas. Para tener los números más claros, entre 2021 y 2023 se construyeron algo menos de 295.000 viviendas y se crearon casi 650.000 hogares. Esta falta de oferta se concentra en determinadas zonas de España: las principales zonas urbanas más dinámicas económicamente y las zonas turísticas.
