El propio informe del Banco de España lo resume con una frase que debería incomodar a más de un responsable político: el esfuerzo necesario para acceder a una vivienda en propiedad en España ha crecido 80 puntos más que la media de la eurozona desde 1980, hasta situarse en 188,6 puntos frente a los 110 de la media europea.
El ranking de precio por metro cuadrado también se mueve. San Sebastián se mantiene como la capital más cara de España, con 5.154 €/m², seguida de Madrid (4.683 €/m²) y Barcelona (4.463 €/m²). Palma de Mallorca (3.472 €/m²) y Bilbao (3.240 €/m²) completan el grupo por encima de los 3.000 €/m², con Málaga, Cádiz y Valencia pisándoles los talones.
La accesibilidad a la vivienda se complica mes a mes. El encarecimiento de los precios, sumado al leve repunte del coste hipotecario y a la pérdida moderada de poder adquisitivo derivada del nuevo repunte de la inflación, ha disparado de nuevo la tasa de esfuerzo de compra.
Por el momento, el anuncio de García Gómez marca el inicio de un proceso, no su conclusión. La propuesta deberá pasar primero por los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid antes de elevarse formalmente al Parlamento regional, un trámite que el propio Gobierno autonómico sitúa en un horizonte de "los próximos meses", sin concretar fecha exacta.
Mientras las operaciones se hunden, los precios siguen sin inmutarse. El metro cuadrado se situó en abril en 2.046 euros, un 9,4% más que un año antes y el segundo dato más alto de toda la serie histórica del Notariado, solo superado por los 2.067 euros/m² de enero. Son ya 33 meses consecutivos de subidas ininterrumpidas. Por tipología, los pisos lideraron el encarecimiento, con un 12,2% interanual hasta los 2.391 euros/m², frente al 3,4% de las viviendas unifamiliares.
El cuadro que dibuja Solvia para el conjunto del año es coherente con la dinámica de los últimos trimestres: precios al alza, oferta insuficiente, demanda sostenida y alquiler sin alivio visible. No hay elementos en el horizonte que apunten a una corrección significativa mientras persistan los desequilibrios estructurales del mercado: la brecha entre lo que se construye y lo que se necesita sigue siendo amplia, y cerrarla llevará años, no meses.
El problema no es que existan impuestos sobre la vivienda. Es que existen en cada esquina del proceso: cuando compras, cuando vendes, cuando la habitas, cuando no la habitas, cuando la alquilas, cuando la heredas. La vivienda es, en la práctica, el activo más gravado de la economía española, y las administraciones —estatal, autonómica y municipal— se han repartido el pastel con una eficiencia que no demuestran en otros ámbitos de la gestión pública.
Las actividades inmobiliarias cerraron abril de 2026 con un incremento del 3,3% respecto al mismo mes del año anterior. La cifra continúa siendo positiva y confirma la fortaleza estructural del sector, aunque queda lejos del crecimiento medio del 8,7% registrado en 2025. La entrada en el nuevo año ha supuesto un evidente cambio de velocidad.
El fondo del problema es tan sencillo de entender como difícil de corregir: los precios de la vivienda han crecido muy por encima de la capacidad económica de las familias. Desde 1980, la renta disponible de los hogares se ha multiplicado por 1,8. El precio de acceso a una vivienda en propiedad se ha multiplicado por 3,5 en el mismo periodo. Los hogares españoles tienen hoy más dinero que hace cuatro décadas, sí, pero la vivienda se ha encarecido a un ritmo muy superior.
La Ley Foral parte de una premisa tan sencilla como urgente: el arrendamiento de habitaciones es una realidad diferenciada que, hasta ahora, carecía en Navarra de un marco jurídico equiparable al que protege a quienes alquilan una vivienda completa.
