La iniciativa cuenta con un presupuesto inicial de 100 millones de euros, destinados tanto al pago de las viviendas adquiridas como a los gastos asociados a la compraventa, incluidos impuestos y, si fuera necesario, actuaciones de adecuación, mejora o rehabilitación para adaptar los inmuebles a los estándares de habitabilidad exigidos.
Según el informe ‘Vivienda de obra nueva 2026’ de Tinsa by Accumin, el valor medio de la vivienda nueva aumentó un 10,4% en 2025, lo que equivale a un 7,6% en términos reales descontando la inflación, hasta situarse en 2.567 euros por metro cuadrado.
Después de unos años de relativa calma, el dinero negro ha vuelto a aparecer con fuerza en las transacciones inmobiliarias, especialmente para esquivar el pago de impuestos sobre las importantes plusvalías que se están generando.
La tesis del Gobierno español es clara: la vivienda debe entenderse como un derecho y no como un mero activo financiero. En ese contexto, el Ejecutivo considera necesario adoptar medidas regulatorias que limiten los movimientos especulativos y faciliten el acceso a una vivienda digna a los ciudadanos.
Como consecuencia, el precio de la vivienda continúa su escalada y cierra el año con un incremento muy significativo, consolidando los ritmos de crecimiento más intensos registrados desde el periodo previo a la crisis financiera. Una tendencia que, según advierten numerosos expertos, podría mantenerse durante los próximos años si no se adoptan medidas que aumenten la oferta de vivienda.
Los mayores incrementos se registran en las islas (+2,1%) y la costa mediterránea (+1,3%), aunque en ambos casos con tasas ligeramente más suaves que las observadas el mes anterior. Por el contrario, las áreas metropolitanas se mantienen prácticamente estables (+0%), mientras que las capitales y grandes ciudades registran un crecimiento del 1,8%,
La financiación hipotecaria continúa mostrando una evolución positiva. Según los datos registrales, las hipotecas han experimentado un incremento interanual del 4,1%, hasta alcanzar unas 50.800 constituciones sobre todo tipo de inmuebles.
Desde la óptica de los consumidores y profesionales, esta concentración plantea interrogantes sobre la competencia efectiva, las tarifas aplicadas a agencias y promotores y, en última instancia, el impacto en el coste de comercialización de la vivienda.
El valor de adquisición de un local suele situarse entre un 20% y un 30% por debajo del de una vivienda equivalente en la misma zona, lo que abre una ventana de entrada más accesible. A ello se suma que, tras el cambio de uso y la reforma, las rentabilidades brutas por alquiler pueden situarse entre el 8% y el 13% anual, porcentajes difíciles de alcanzar en la vivienda tradicional.
Uno de los elementos centrales del acuerdo es el carácter finalista de la recaudación. La reforma elevará la recaudación hasta los 200 millones y destinará el 25% de los ingresos a políticas de vivienda de la Generalitat, mientras que el 75% restante se integrará en el Fondo para el Fomento del Turismo. Este fondo no solo financiará acciones de promoción, sino también programas vinculados a la desestacionalización y gestión sostenible de los flujos turísticos.
